Caso Caja Chica: Correa estalla contra Fiscalía tras allanamientos a figuras de la Revolución Ciudadana
El caso Caja Chica volvió a encender la tensión política en Ecuador luego de una nueva ronda de allanamientos ordenados por la Fiscalía General del Estado que alcanzó a figuras clave del correísmo, entre ellos un asambleísta en funciones y excandidatos presidenciales de la Revolución Ciudadana (RC). La reacción del expresidente Rafael Correa no se hizo esperar: desde el exterior, el exmandatario estalló en redes sociales, calificando los operativos como una “persecución política sistemática” y acusando al Ministerio Público de actuar con motivaciones electorales y no jurídicas. El caso Caja Chica, que investiga presunto financiamiento irregular y uso ilícito de recursos, se coloca así en el centro del debate público y mediático.
Los allanamientos, ejecutados en Quito y Guayaquil en horas de la madrugada, incluyeron la intervención en domicilios particulares, oficinas políticas y, según trascendió, espacios vinculados a la estructura organizativa de la RC. Agentes de la Policía y equipos de criminalística incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentos contables y dispositivos de almacenamiento, que serán sometidos a pericias para rastrear posibles flujos de dinero no declarado y redes de aportantes. La Fiscalía sostiene que el caso Caja Chica estaría ligado a una presunta red de recaudación económica paralela, destinada a campañas políticas y operaciones internas del movimiento.
Entre los afectados por los operativos figuran un legislador en funciones y excandidatos presidenciales de la Revolución Ciudadana, cuyos nombres han circulado en redes y medios, aunque varios de ellos aseguran haberse enterado por terceros y no por notificaciones formales previas. Voceros de la RC denunciaron que los allanamientos se realizaron con un amplio despliegue policial, en presencia de familiares y menores de edad, lo que han calificado como un “show mediático” diseñado para criminalizar a la oposición. Según la versión del movimiento, la Fiscalía estaría filtrando información selectiva a ciertos medios para instalar la idea de culpabilidad antes de que exista una acusación formal.
Rafael Correa, principal líder del correísmo, utilizó sus cuentas en redes sociales para lanzar duras críticas contra la fiscal Diana Salazar y el sistema de justicia, al que acusó de ser un “brazo político del gobierno y de las élites económicas”. En varios mensajes, el exmandatario insistió en que el caso Caja Chica es una “novela reciclada” para mantener a la RC bajo ataque constante, comparando esta investigación con procesos anteriores como Sobornos y otras causas de corrupción que él y sus seguidores consideran “judicialización de la política”. Correa también cuestionó el momento de los allanamientos, señalando que ocurren en medio de un contexto de crisis de seguridad y debate sobre reformas económicas, donde —según él— se busca desviar la atención pública.
La Fiscalía, por su parte, defendió la legalidad de los procedimientos, recordando que los allanamientos fueron autorizados por un juez competente dentro de una investigación previa que cumple plazos y requisitos procesales. En un comunicado, el Ministerio Público señaló que el caso Caja Chica responde a denuncias y elementos indiciarios sobre posibles delitos de corrupción y lavado de activos, y recalcó que todas las personas involucradas mantienen su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La institución también rechazó las acusaciones de persecución política y afirmó que sus actuaciones se basan en evidencia técnica y financiera.
Este nuevo capítulo del caso Caja Chica reaviva la polarización en Ecuador, donde el correísmo denuncia una ofensiva judicial en su contra y sus detractores exigen que se investigue a fondo cualquier rastro de financiamiento irregular. Analistas coinciden en que la reacción de Correa —con un tono combativo y confrontacional— refuerza la narrativa de víctima de lawfare frente a una parte de la ciudadanía, mientras consolida la percepción de conflicto permanente entre el movimiento RC y las instituciones de control. Al mismo tiempo, los allanamientos elevan la presión sobre los dirigentes investigados, que deberán responder ante la justicia y ante la opinión pública.
En el plano político, el caso Caja Chica podría tener impacto en la correlación de fuerzas en la Asamblea y en futuras elecciones, dependiendo de si la investigación deriva en formulación de cargos, medidas cautelares o sentencias. Por ahora, lo que queda claro es que la figura de Rafael Correa vuelve a ocupar el centro del escenario, esta vez por su estallido ante los allanamientos, y que el pulso entre la Fiscalía y el correísmo promete intensificarse en las próximas semanas, con nuevas diligencias, pronunciamientos y acusaciones cruzadas que mantendrán el tema en la agenda nacional.
“Caja Chica” Case: Correa Explodes Against the Prosecutor’s Office After Raids on Citizens’ Revolution Figures
The Caja Chica case has once again ignited political tension in Ecuador following a new round of raids ordered by the Office of the Attorney General, targeting key figures of Correísmo, including a sitting lawmaker and former presidential candidates from the Citizens’ Revolution (RC). The reaction of former president Rafael Correa was immediate: from abroad, he lashed out on social media, describing the operations as a “systematic political persecution” and accusing the Prosecutor’s Office of acting with electoral motives rather than legal ones. The Caja Chica case, which investigates alleged irregular financing and illicit use of resources, has thus moved to the center of public and media debate.
The raids, carried out in Quito and Guayaquil during the early morning hours, included searches of private homes, political offices, and reportedly spaces linked to the organizational structure of RC. Police officers and forensic teams seized computers, mobile phones, accounting documents, and storage devices, which will be analyzed to trace possible undeclared money flows and donor networks. The Prosecutor’s Office maintains that the Caja Chica case is linked to an alleged parallel fundraising network intended for political campaigns and internal operations of the movement.
Those affected by the operations include a sitting legislator and former presidential candidates from the Citizens’ Revolution, whose names have circulated on social media and in the press, although several claim they learned of the raids through third parties rather than prior formal notifications. RC spokespersons denounced that the searches were conducted with a heavy police presence, in front of family members and minors, which they described as a “media spectacle” designed to criminalize the opposition. According to the movement, the Prosecutor’s Office has been selectively leaking information to certain media outlets to install a presumption of guilt before any formal charges are filed.
Rafael Correa, the main leader of Correísmo, used his social media accounts to launch harsh criticism against Attorney General Diana Salazar and the justice system, which he accused of being a “political arm of the government and economic elites.” In several posts, the former president insisted that the Caja Chica case is a “recycled storyline” aimed at keeping RC under constant attack, comparing this investigation to previous cases such as Sobornos and other corruption proceedings that he and his supporters consider examples of the “judicialization of politics.” Correa also questioned the timing of the raids, noting that they occurred amid a security crisis and debates over economic reforms, which — according to him — are being overshadowed intentionally.
For its part, the Prosecutor’s Office defended the legality of the procedures, emphasizing that the raids were authorized by a competent judge as part of a preliminary investigation that complies with procedural deadlines and requirements. In a statement, the Office said that the Caja Chica case stems from complaints and evidentiary elements related to possible crimes of corruption and money laundering, and stressed that all individuals involved are presumed innocent until proven otherwise. The institution also rejected accusations of political persecution and stated that its actions are based on technical and financial evidence.
This new chapter of the Caja Chica case revives polarization in Ecuador, where Correísmo denounces a judicial offensive against it, while critics demand a thorough investigation into any trace of irregular financing. Analysts agree that Correa’s reaction — marked by a combative and confrontational tone — reinforces the narrative of being a victim of “lawfare” among part of the population, while also consolidating the perception of a permanent conflict between the RC movement and oversight institutions. At the same time, the raids increase pressure on the investigated leaders, who will have to respond both before the courts and in the court of public opinion.
On the political front, the Caja Chica case could affect the balance of power in the National Assembly and future elections, depending on whether the investigation leads to formal charges, precautionary measures, or convictions. For now, it is clear that Rafael Correa has once again returned to center stage, this time due to his outburst over the raids, and that the standoff between the Prosecutor’s Office and Correísmo is set to intensify in the coming weeks, with new proceedings, statements, and mutual accusations keeping the issue on the national agenda.
Caso “Caja Chica”: Correa explode contra a Procuradoria após operações contra figuras da Revolução Cidadã
O caso Caja Chica voltou a acirrar a tensão política no Equador após uma nova rodada de operações ordenadas pela Procuradoria-Geral do Estado, que atingiram figuras-chave do correísmo, entre elas um deputado em exercício e ex-candidatos presidenciais da Revolução Cidadã (RC). A reação do ex-presidente Rafael Correa foi imediata: do exterior, ele reagiu duramente nas redes sociais, classificando as ações como uma “perseguição política sistemática” e acusando o Ministério Público de agir com motivações eleitorais, e não jurídicas. O caso Caja Chica, que investiga suposto financiamento irregular e uso ilícito de recursos, passou assim a ocupar o centro do debate público e midiático.
As operações, realizadas em Quito e Guayaquil durante a madrugada, incluíram buscas em residências particulares, escritórios políticos e, segundo informações, em espaços ligados à estrutura organizacional da RC. Agentes da polícia e equipes de criminalística apreenderam computadores, telefones celulares, documentos contábeis e dispositivos de armazenamento, que serão submetidos a perícias para rastrear possíveis fluxos de dinheiro não declarado e redes de doadores. A Procuradoria sustenta que o caso Caja Chica estaria relacionado a uma suposta rede paralela de arrecadação de recursos destinada a campanhas políticas e operações internas do movimento.
Entre os atingidos pelas operações estão um parlamentar em exercício e ex-candidatos presidenciais da Revolução Cidadã, cujos nomes circularam nas redes sociais e na imprensa, embora vários afirmem ter tomado conhecimento das buscas por terceiros e não por notificações formais prévias. Porta-vozes da RC denunciaram que as operações foram realizadas com grande aparato policial, na presença de familiares e menores de idade, o que classificaram como um “espetáculo midiático” destinado a criminalizar a oposição. Segundo o movimento, a Procuradoria estaria vazando informações seletivas para determinados meios de comunicação com o objetivo de instalar uma ideia de culpabilidade antes mesmo de existir uma acusação formal.
Rafael Correa, principal líder do correísmo, utilizou suas redes sociais para fazer duras críticas à procuradora-geral Diana Salazar e ao sistema de justiça, que ele acusou de ser um “braço político do governo e das elites econômicas”. Em diversas publicações, o ex-presidente insistiu que o caso Caja Chica é uma “história reciclada” para manter a RC sob ataque permanente, comparando essa investigação a processos anteriores como o caso Sobornos e outras causas de corrupção que ele e seus seguidores consideram exemplos de “judicialização da política”. Correa também questionou o momento das operações, apontando que ocorreram em meio a uma crise de segurança e a debates sobre reformas econômicas, que — segundo ele — estariam sendo deliberadamente ofuscados.
A Procuradoria, por sua vez, defendeu a legalidade dos procedimentos, lembrando que as buscas foram autorizadas por um juiz competente no âmbito de uma investigação prévia que cumpre prazos e requisitos processuais. Em nota, o Ministério Público afirmou que o caso Caja Chica responde a denúncias e indícios sobre possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, e ressaltou que todas as pessoas envolvidas gozam da presunção de inocência até prova em contrário. A instituição também rejeitou as acusações de perseguição política e afirmou que suas ações se baseiam em evidências técnicas e financeiras.
Este novo capítulo do caso Caja Chica reacende a polarização no Equador, onde o correísmo denuncia uma ofensiva judicial contra o movimento, enquanto seus críticos exigem que qualquer indício de financiamento irregular seja investigado a fundo. Analistas concordam que a reação de Correa — com tom combativo e confrontacional — reforça a narrativa de vítima de lawfare junto a parte da população, ao mesmo tempo em que consolida a percepção de conflito permanente entre a RC e as instituições de controle. Paralelamente, as operações aumentam a pressão sobre os dirigentes investigados, que terão de responder perante a Justiça e a opinião pública.
No plano político, o caso Caja Chica pode impactar a correlação de forças na Assembleia Nacional e em futuras eleições, dependendo de a investigação resultar em apresentação de acusações formais, medidas cautelares ou sentenças. Por enquanto, fica claro que a figura de Rafael Correa volta a ocupar o centro do cenário político, desta vez por sua reação explosiva às operações, e que o confronto entre a Procuradoria e o correísmo tende a se intensificar nas próximas semanas, com novas diligências, pronunciamentos e acusações cruzadas mantendo o tema na agenda nacional.
