“El gobierno federal ha librado una campaña de violencia y terror”: Mamdani y 22 estados demandaron ayer para bloquear la nueva regla de “carga pública” que entra en vigor el viernes
La nueva regla del USCIS, anunciada en julio y vigente desde el viernes 19 de septiembre, amplía drásticamente qué puede contar en contra de un solicitante de green card o visa: Medicaid, SNAP, housing, CHIP. Mamdani dice que 4 millones podrían abandonar sus servicios de salud por miedo, incluyendo 1,8 millones de niños. Y que la mortalidad prematura en comunidades inmigrantes de Nueva York podría aumentar un 10,6% en cinco años.
NUEVA YORK / WASHINGTON — Este lunes 14 de septiembre de 2026, mientras el Supremo bloqueaba el plan de Trump sobre el voto por correo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento que la ciudad demanda a la administración Trump por la nueva regla de “carga pública” — la política federal que permite denegar visas y green cards a personas que sean o puedan llegar a ser dependientes de la asistencia pública.
La demanda de la ciudad fue presentada junto a cinco municipios más: Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King. En paralelo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció su propia demanda separada encabezando una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia. Ambas demandas se dirigen al mismo objetivo: bloquear la nueva regla antes de que entre en vigor el viernes 19 de septiembre.
Qué es la regla de carga pública — y qué cambia. La “carga pública” es uno de los conceptos más antiguos de la ley de inmigración americana. Existe desde 1882 y permite al gobierno denegar la entrada o la residencia permanente a personas que sean o puedan ser principalmente dependientes del gobierno para su subsistencia. Históricamente, se aplicaba a personas que dependían de asistencia en efectivo o de atención médica de largo plazo pagada con fondos públicos.
La nueva regla del USCIS, anunciada en julio y en vigor desde el viernes, cambia eso de varias maneras. Expande la lista de beneficios que pueden contarse en contra del solicitante: Medicaid, el programa SNAP de ayuda alimentaria, subsidios de vivienda y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Añade factores subjetivos como el nivel de ingresos, activos, educación, habilidades laborales, empleabilidad, salud, cobertura de seguro médico y edad del solicitante. Y reduce el peso de los affidavits de apoyo financiero de patrocinadores — documentos que históricamente garantizaban que el inmigrante no necesitaría asistencia pública.
El resultado práctico: un funcionario del USCIS puede ahora denegar una solicitud de green card a una persona legal que haya usado Medicaid o recibido cupones de alimentos, incluso si usó esos beneficios legalmente y dentro de sus derechos.
Las consecuencias que Mamdani cuantificó. El alcalde no habló en abstracto. Presentó proyecciones concretas: hasta 4 millones de personas podrían dejar de inscribirse en sus servicios de salud por miedo a que el uso de esos servicios afecte su proceso migratorio — incluyendo 1,8 millones de niños. Y la mortalidad prematura en las comunidades inmigrantes de Nueva York podría aumentar hasta un 10,6% en cinco años como consecuencia de esa desafiliación masiva del sistema de salud.
“La regla de carga pública es simplemente un vehículo para la confusión y un vehículo para la crueldad”, dijo Mamdani. Y añadió la frase con la que abrió la rueda de prensa: “El gobierno federal ha librado una campaña de violencia y terror contra nuestros vecinos más vulnerables.” Y cerró con la que más circuló: “Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros.”
El argumento legal. Las ciudades y estados demandantes arguyen que la nueva regla viola la Ley de Procedimientos Administrativos porque fue adoptada sin el debido proceso regulatorio — el mismo argumento que funcionó contra varios intentos anteriores de la administración Trump de reconfigurar políticas del USCIS. También argumentan que el impacto de la regla sobre los sistemas locales de salud, vivienda y servicios sociales constituye un daño irreparable a los municipios que tienen que absorber los costos de los servicios que los inmigrantes abandonen por miedo.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Nueva York. Las ciudades y estados piden una orden preliminar que bloquee la regla antes del viernes 19 de septiembre.
Por qué esta regla importa especialmente a las comunidades ecuatorianas y latinas. Para las comunidades latinoamericanas del noreste — ecuatorianos, colombianos, dominicanos, mexicanos — la regla tiene una dimensión adicional de riesgo que los funcionarios electos señalaron en la rueda de prensa. Muchas familias de estatus mixto — en las que algunos miembros son ciudadanos o residentes y otros no — usan Medicaid, SNAP o CHIP para los hijos que son ciudadanos americanos. La nueva regla abre la puerta a que esos usos legítimos de beneficios a los que los hijos tienen derecho sean considerados en contra del proceso migratorio del padre o la madre.
El miedo que la regla genera no es hipotético: ya ocurrió entre 2019 y 2021, cuando la primera versión expandida de la regla de carga pública bajo el primer mandato de Trump provocó que familias latinas e inmigrantes se desafiliaran masivamente del Medicaid y del SNAP por el mismo temor. Los investigadores de salud pública documentaron el efecto y lo llamaron “el efecto enfriador.” Mamdani citó esos datos para proyectar qué ocurrirá esta vez si la regla no es bloqueada.
La demanda ya está ante el juez. El viernes, la regla entra en vigor. Y el tiempo se acaba.
“The federal government has waged a campaign of violence and terror”: Mamdani and 22 states sued Monday to block the new “public charge” rule taking effect Friday
The new USCIS rule, announced in July and effective Friday September 19, dramatically expands what can count against a green card or visa applicant: Medicaid, SNAP, housing assistance, CHIP. Mamdani says 4 million could drop health coverage out of fear, including 1.8 million children. And that premature mortality in New York immigrant communities could rise 10.6% in five years.
NEW YORK / WASHINGTON — On Monday, September 14, 2026 — while the Supreme Court was blocking Trump’s mail ballot plan — New York City Mayor Zohran Mamdani announced at a City Hall press conference that the city is suing the Trump administration over the new “public charge” rule, the federal policy that allows the government to deny visas and green cards to people who are or may become dependent on public assistance.
The city’s lawsuit was filed jointly with five other municipalities: Chicago, San Francisco, Seattle, Santa Clara County and King County. In parallel, New York Attorney General Letitia James announced a separate lawsuit leading a coalition of 22 states and the District of Columbia. Both suits target the same objective: block the new rule before it takes effect Friday, September 19.
What the public charge rule is — and what changes. “Public charge” is one of the oldest concepts in American immigration law. It dates to 1882 and allows the government to deny entry or permanent residence to people who are or may become primarily dependent on the government for subsistence. Historically, it applied to people dependent on cash assistance or long-term publicly funded medical care.
The new USCIS rule, announced in July and effective Friday, changes that in several ways. It expands the list of benefits that can count against an applicant: Medicaid, the SNAP food assistance program, housing subsidies and the Children’s Health Insurance Program (CHIP). It adds subjective factors such as the applicant’s income, assets, education, job skills, employability, health, health insurance coverage and age. And it reduces the weight of financial support affidavits from sponsors — documents that historically guaranteed the immigrant would not need public assistance.
The practical result: a USCIS officer may now deny a green card application from a legal immigrant who has used Medicaid or received food stamps, even if those benefits were used legally and within their rights.
The consequences Mamdani quantified. The mayor didn’t speak in abstractions. He presented concrete projections: up to 4 million people could drop their health coverage out of fear that using those services could affect their immigration process — including 1.8 million children. And premature mortality in New York’s immigrant communities could rise by as much as 10.6% within five years as a result of that mass disenrollment from the health system.
“The public charge rule is simply a vehicle for confusion and a vehicle for cruelty,” Mamdani said. He opened the press conference with: “The federal government has waged a campaign of violence and terror against our most vulnerable neighbors.” And closed with the line that spread furthest: “To get to any of us, you will have to get through all of us.”
The legal argument. The plaintiff cities and states argue the new rule violates the Administrative Procedures Act because it was adopted without proper regulatory process — the same argument that has worked against multiple prior Trump administration attempts to reconfigure USCIS policies. They also argue that the rule’s impact on local health, housing and social service systems constitutes irreparable harm to municipalities that must absorb the costs of benefits immigrants abandon out of fear.
The lawsuit was filed in the U.S. District Court for the Southern District of New York. Cities and states are seeking a preliminary injunction blocking the rule before September 19.
Why this rule matters especially to Ecuadorian and Latin American communities. For Latin American communities in the Northeast — Ecuadorians, Colombians, Dominicans, Mexicans — the rule carries an additional layer of risk that elected officials highlighted at the press conference. Many mixed-status families — where some members are citizens or residents and others are not — use Medicaid, SNAP or CHIP for their American-citizen children. The new rule opens the door to those legal uses of benefits to which the children are entitled being counted against the parent’s immigration process.
The fear the rule generates is not hypothetical: it already happened between 2019 and 2021, when the first expanded version of the public charge rule under Trump’s first term caused Latin American and immigrant families to massively disenroll from Medicaid and SNAP out of the same fear. Public health researchers documented the effect and called it the “chilling effect.” Mamdani cited that data to project what will happen this time if the rule is not blocked.
The lawsuit is before the judge. Friday, the rule takes effect. And the clock is running.
“O governo federal travou uma campanha de violência e terror”: Mamdani e 22 estados processaram na segunda-feira para bloquear a nova regra de “carga pública” que entra em vigor na sexta-feira
A nova regra do USCIS, anunciada em julho e vigente a partir de sexta-feira, 19 de setembro, amplia drasticamente o que pode contar contra um solicitante de green card ou visto: Medicaid, SNAP, auxílio habitacional, CHIP. Mamdani diz que 4 milhões poderiam abandonar a cobertura de saúde por medo, incluindo 1,8 milhão de crianças. E que a mortalidade prematura nas comunidades imigrantes de Nova York poderia aumentar 10,6% em cinco anos.
NOVA YORK / WASHINGTON — Nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026 — enquanto o Supremo bloqueava o plano de Trump sobre o voto pelo correio —, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou numa coletiva de imprensa na Prefeitura que a cidade está processando a administração Trump pela nova regra de “carga pública” — a política federal que permite negar vistos e green cards a pessoas que sejam ou possam vir a ser dependentes da assistência pública.
O processo da cidade foi apresentado junto com cinco outros municípios: Chicago, São Francisco, Seattle, o condado de Santa Clara e o condado de King. Em paralelo, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, anunciou seu próprio processo separado, liderando uma coalizão de 22 estados e o Distrito de Columbia. Ambos os processos têm o mesmo objetivo: bloquear a nova regra antes que entre em vigor na sexta-feira, 19 de setembro.
O que é a regra de carga pública — e o que muda. A “carga pública” é um dos conceitos mais antigos da lei de imigração americana. Existe desde 1882 e permite ao governo negar entrada ou residência permanente a pessoas que sejam ou possam vir a ser principalmente dependentes do governo para sua subsistência. Historicamente, aplicava-se a pessoas dependentes de assistência em dinheiro ou de atendimento médico de longo prazo pago com recursos públicos.
A nova regra do USCIS, anunciada em julho e vigente a partir de sexta-feira, muda isso de várias maneiras. Expande a lista de benefícios que podem contar contra o solicitante: Medicaid, o programa SNAP de auxílio alimentar, subsídios habitacionais e o Programa de Seguro de Saúde Infantil (CHIP). Acrescenta fatores subjetivos como renda, ativos, educação, habilidades profissionais, empregabilidade, saúde, cobertura de seguro de saúde e idade do solicitante. E reduz o peso das declarações de suporte financeiro de patrocinadores — documentos que historicamente garantiam que o imigrante não precisaria de assistência pública.
O resultado prático: um funcionário do USCIS pode agora negar um pedido de green card a um imigrante legal que tenha usado o Medicaid ou recebido cupons de alimentação, mesmo que tenha usado esses benefícios legalmente e dentro de seus direitos.
As consequências que Mamdani quantificou. O prefeito não falou em abstrato. Apresentou projeções concretas: até 4 milhões de pessoas poderiam deixar de se inscrever nos serviços de saúde por medo de que o uso desses serviços afete o processo migratório — incluindo 1,8 milhão de crianças. E a mortalidade prematura nas comunidades imigrantes de Nova York poderia aumentar até 10,6% em cinco anos como consequência dessa desafiliação massiva do sistema de saúde.
“A regra de carga pública é simplesmente um veículo para a confusão e um veículo para a crueldade”, disse Mamdani. E abriu a coletiva com: “O governo federal travou uma campanha de violência e terror contra nossos vizinhos mais vulneráveis.” E encerrou com a frase que mais circulou: “Para chegar a qualquer um de nós, terão que passar por todos nós.”
O argumento jurídico. As cidades e estados demandantes argumentam que a nova regra viola a Lei de Procedimentos Administrativos porque foi adotada sem o devido processo regulatório — o mesmo argumento que funcionou contra várias tentativas anteriores da administração Trump de reconfigurar políticas do USCIS. Também argumentam que o impacto da regra sobre os sistemas locais de saúde, habitação e serviços sociais constitui um dano irreparável aos municípios que devem absorver os custos dos serviços que os imigrantes abandonem por medo.
O processo foi apresentado no Tribunal de Distrito Federal do Distrito Sul de Nova York. As cidades e estados pedem uma liminar que bloqueie a regra antes de 19 de setembro.
Por que essa regra importa especialmente para as comunidades equatorianas e latinas. Para as comunidades latino-americanas do nordeste — equatorianos, colombianos, dominicanos, mexicanos —, a regra tem uma dimensão adicional de risco que os funcionários eleitos destacaram na coletiva. Muitas famílias de status misto — nas quais alguns membros são cidadãos ou residentes e outros não — usam Medicaid, SNAP ou CHIP para filhos que são cidadãos americanos. A nova regra abre a porta para que esses usos legítimos de benefícios aos quais os filhos têm direito sejam considerados contra o processo migratório do pai ou da mãe.
O medo que a regra gera não é hipotético: já ocorreu entre 2019 e 2021, quando a primeira versão expandida da regra de carga pública sob o primeiro mandato de Trump levou famílias latinas e imigrantes a se desafiliar massivamente do Medicaid e do SNAP pelo mesmo temor. Pesquisadores de saúde pública documentaram o efeito e o chamaram de “efeito de resfriamento”. Mamdani citou esses dados para projetar o que acontecerá desta vez se a regra não for bloqueada.
O processo já está diante do juiz. Na sexta-feira, a regra entra em vigor. E o tempo está acabando.
