WRAP mortal: la polémica sobre el uso del dispositivo cuerpo entero en deportaciones en EE. UU.
En los últimos días, una investigación de la Associated Press ha puesto el foco en una práctica cada vez más criticada: el uso por parte de ICE (Immigration and Customs Enforcement) del dispositivo de sujeción corporal completo conocido como WRAP durante deportaciones. Según los relatos de inmigrantes, abogados y defensores de derechos humanos, su empleo podría violar normas básicas de trato humano e incluso haber causado daños severos.
El WRAP (una especie de traje de restricción con correas que inmoviliza casi todo el cuerpo) fue diseñado originalmente para situaciones de alta peligrosidad. No obstante, la versión modificada que utiliza ICE —sobre personas que ya están esposadas con grilletes— ha sido denunciada por convertirse en un “castigo” más que en una medida de seguridad.
Casos reveladores y denuncias
Uno de los casos más estremecedores es el de Juan Antonio Pineda, un inmigrante salvadoreño que afirma haber sido colocado en el WRAP durante múltiples horas en el trayecto hacia la frontera con México. Según su testimonio, mientras permanecía sujeto en el dispositivo sufrió fractura de brazo, moretones y ausencia de acceso a alimentos, agua o atención médica.
Otro relato corresponde a un ciudadano nigeriano deportado a Ghana: fue envuelto en WRAP durante un vuelo de 16 horas, a pesar de no haber mostrado resistencia frente a agentes. Sus piernas se hincharon y afirmó que sus captores lo sometieron como si fuera un paquete rígido.
Lo que abona a la crítica es que ICE no ha respondido de forma clara sobre políticas, frecuencia o criterios precisos para su uso. En solicitudes de información, la agencia no compartió registros completos que documenten cuántas veces se emplea el WRAP ni bajo qué condiciones.
Críticas institucionales y preocupaciones legales
Las denuncias coinciden con advertencias internas. En 2023, la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó un reporte señalando la falta de políticas claras, supervisión y entrenamiento adecuado respecto al WRAP.
Además, el AP identificó al menos una docena de muertes en Estados Unidos vinculadas al uso del WRAP en cárceles locales o por fuerzas policiales, cuando las autopsias mencionaron que la inmovilización contribuyó al fallecimiento.
Defensores de inmigrantes argumentan que su uso constituye trato cruel e inhumano, especialmente cuando se aplica a personas no violentas, quienes piden hablar con un abogado o se niegan a firmar papeles de deportación por sentirse inseguros en el país de destino.
La agencia DHS insiste en que su política con respecto a los dispositivos de sujeción “cumple estándares legales establecidos” y que el WRAP se emplea conforme a protocolos que priorizan la seguridad de agentes y detenidos. Pero no ha publicado los lineamientos precisos ni una estadística clara.
¿Por qué el debate es urgente?
- Dignidad humana y derechos internacionales: Organismos de derechos humanos consideran que el uso indiscriminado del WRAP vulnera estándares internacionales contra tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Opacidad y falta de rendición de cuentas: Con ICE reacio a transparentar sus registros, la sociedad civil y abogados enfrentan obstáculos para monitorear abusos.
- Precedentes letales: Los antecedentes de muertes en Estados Unidos por su uso refuerzan el argumento de que incluso bajo el supuesto de uso “adecuado”, el dispositivo conlleva riesgos severos.
- Sanciones y litigios: Ya se han entablado demandas federales por parte de ex-detenidos que acusan que el WRAP fue usado como castigo o para forzar su conformidad con las deportaciones.
El tema de los WRAP en deportaciones ha pasado de ser un aspecto oscuro a un asunto nacional de debate en Estados Unidos. La comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y la prensa cuestionan si su uso sistemático marca una línea sobre la que el Estado no debería cruzar. El desafío ahora será lograr que estas denuncias no queden en el papel, y que haya mecanismos reales de supervisión, restricción y justicia para quienes han padecido sus efectos.
