Manabí en shock: Asesinan a juez penal Marcos Mendoza frente a una escuela mientras llevaba a su hijo
La provincia de Manabí vivió una jornada de terror la mañana del 16 de octubre, cuando el juez penal Marcos Mendoza Pinargote fue ejecutado a tiros en las afueras de una unidad educativa entre Manta y Montecristi. El crimen ocurrió alrededor de las 07:00, justo cuando Mendoza estacionaba su vehículo para dejar a su hijo en el colegio ubicado en el sector Arroyo Azul, Lomas de Colorado.
Testigos relatan que el magistrado fue interceptado por sicarios en motocicleta que le dispararon a quemarropa en presencia de su hijo y otros estudiantes, sembrando el pánico entre padres de familia y docentes. Según la policía, se realizaron entre cinco y ocho disparos, la mayoría por la espalda, y el cuerpo del juez quedó tendido en la vereda, cubierto por una sábana blanca hasta la llegada de las autoridades y agentes forenses.
La Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) iniciaron inmediatamente la investigación. Las primeras hipótesis apuntan a la banda criminal Los Lobos, cuyos miembros habrían llegado de otras ciudades y operado desde hostales cercanos para ejecutar el ataque, siguiendo el nuevo modus operandi del sicariato urbano en Manabí.
El juez Mendoza estaba vinculado al complejo caso “Blanqueo Fito”, relacionado con el supuesto lavado de activos por parte de alias Fito, líder de Los Choneros. El ministro del Interior, John Reimberg, había advertido meses antes sobre los riesgos que corren los jueces involucrados y la presión del crimen organizado sobre el sistema judicial de la región.
El crimen obligó a suspender las clases en la unidad educativa por motivos de seguridad y generó una ola de consternación en Manta, la ciudad más golpeada por la violencia en Manabí: solo en 2025 registra 394 muertes violentas, frente a 226 en 2024, consecuencia de la guerra entre Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos por el control de territorios y actividades ilícitas.
La población exige respuestas inmediatas, protección para funcionarios judiciales y un endurecimiento del combate al crimen organizado, que pone a prueba la paz social y la institucionalidad en el corazón de la provincia. El asesinato de Mendoza es un triste recordatorio de la vulnerabilidad de los operadores de justicia en la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador.
Manabí in Shock: Criminal Judge Marcos Mendoza Assassinated Outside School While Taking Child
The province of Manabí experienced a morning of terror October 16, when criminal court judge Marcos Mendoza Pinargote was shot dead outside a school between Manta and Montecristi. The murder occurred around 7:00 AM, just as Mendoza parked his car to drop off his child at Arroyo Azul, Lomas de Colorado.
Witnesses report the judge was targeted by motorcycle-riding hitmen who fired at close range in front of his child and other students, sparking panic among parents and teachers. Police confirmed between five and eight shots were fired, most from behind, leaving Mendoza’s body on the sidewalk covered until forensic teams arrived.
Investigators from the prosecutor’s office and the homicide division (Dinased) started collecting evidence immediately. Early leads point to the Los Lobos criminal gang; officers say the suspects had traveled from other cities and operated out of hostels near the school, following a violent new urban crime trend in Manabí.
Judge Mendoza had ties to the “Blanqueo Fito” case, which investigated alleged money laundering by alias Fito, leader of the Los Choneros gang. Interior Minister John Reimberg previously warned of rising risks for judges dealing with organized crime and the pressure exerted on Ecuador’s justice system.
Fallout from the killing forced classes at the school to be suspended for safety, sending shockwaves through Manta, the region’s hardest-hit city. In 2025 alone, Manta has recorded 394 violent deaths—up from 226 in 2024—largely due to gang wars among Los Choneros, Los Lobos, and Los Lagartos over territory and illicit trade.
The public now demands immediate action, better protection for judicial officials, and a tougher fight against organized crime. Mendoza’s assassination is a stark reminder of how vulnerable Ecuador’s justice workers are as the nation grapples with a worsening security crisis.
