El ICE compró un almacén en New Jersey por 129 millones sin avisar al municipio, un juez prohibió su uso como centro de detención — y ahora hay evidencia de que lo usó de todas formas el 4 de septiembre
Project NINJA presentó el viernes una denuncia ante la fiscal general Jennifer Davenport alegando que el ICE violó la orden judicial del 19 de mayo usando el almacén de Roxbury como punto de transferencia de detenidos durante los operativos de Dover. La fiscal general dice que lo está “revisando cuidadosamente.” El almacén tiene cuatro baños y capacidad aprobada para 12.000 galones de agua al día. El plan del DHS: meter a 1.500 detenidos y contratar a 1.000 empleados.
ROXBURY / TRENTON, NUEVA JERSEY — En la madrugada del 4 de septiembre de 2026, el ICE realizó arrestos en el centro de Dover, Nueva Jersey — una pequeña ciudad de 18.000 habitantes en el condado de Morris, a unos 11 kilómetros al este de Roxbury. Uno de los detenidos llamó a su hija a las 8:52 de la mañana. Le dijo que lo habían llevado hacia el oeste desde Dover junto a otras personas arrestadas esa mañana, que creía que podría estar en Pensilvania, y que lo tenían en lo que él describió como algo parecido a una cárcel.
No estaba en Pensilvania. Estaba, con casi total probabilidad, en el almacén de Roxbury Township, en la Ruta 46. El mismo almacén que el Departamento de Seguridad Nacional compró en enero de 2026 por 129 millones de dólares sin avisar al municipio. El mismo que la fiscal general de Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill demandaron en marzo para impedir su conversión en centro de detención. Y el mismo que una orden judicial firmada el 19 de mayo prohíbe usar como instalación de detención mientras se realiza una revisión ambiental pendiente.
La evidencia que llevó a Project NINJA al fiscal general. La coalición Project NINJA — acrónimo de No ICE North Jersey Alliance — presentó el viernes una carta a la oficina de la fiscal general Jennifer Davenport alegando que el ICE viola la orden de mayo usando el almacén de Roxbury como instalación de retención y transferencia de facto durante sus operativos en el norte de Nueva Jersey.
La evidencia que presentaron es la siguiente: voluntarios apostados en un punto de observación cercano al almacén documentaron las placas, marcas y modelos de los vehículos que realizaron los arrestos en Dover esa mañana del 4 de septiembre. Esos mismos vehículos fueron vistos entrando y saliendo del almacén de Roxbury poco después. Una concejala de Dover transmitió el testimonio telefónico de la hija de uno de los arrestados — el hombre que llamó desde el interior de lo que él mismo describió como una instalación de detención al oeste de Dover.
“No hay ninguna otra instalación del ICE, cárcel o prisión en esa área — dado el momento, parece probable que esta persona y sus compañeros detenidos fueron llevados por un período corto de tiempo al almacén de Roxbury y luego transferidos desde allí”, dijo David Broderick, abogado de Project NINJA. “Creemos que esto ha estado ocurriendo durante un tiempo. No es evidencia perfecta. Pero es la mejor que hemos tenido hasta ahora, y consideramos que era suficiente para acudir a la fiscal general.”
La fiscal general dijo a través de su portavoz que está “revisando cuidadosamente” la denuncia.
El almacén que nadie quería — y que el DHS compró igual. El historial del almacén de la Ruta 46 en Roxbury es uno de los capítulos más reveladores del proceso de expansión de infraestructura de detención del ICE en el noreste. El DHS pagó 129 millones de dólares por el inmueble — un antiguo almacén de distribución de 470.000 pies cuadrados que su propietario anterior, la firma texana Dalfen Industrial, había comprado en 2023 como centro de última milla pero nunca llegó a utilizar.
El DHS no avisó al municipio de la compra. El alcalde de Roxbury no se enteró por ningún canal oficial. El Estado de Nueva Jersey se enteró por una nota de prensa periodística. El único documento oficial que el DHS produjo sobre el proyecto — antes de que la demanda forzara más divulgación — fue una carta de dos páginas del 14 de enero de 2026 al Departamento de Preservación Histórica de Nueva Jersey diciendo que la conversión no afectaría propiedades históricas.
El plan del DHS: convertir el almacén en un centro que podría albergar hasta 1.500 detenidos y contratar a 1.000 empleados. El problema: el edificio tiene cuatro baños y capacidad aprobada para 12.000 galones de agua al día. El saneamiento necesario para 1.500 personas excedería en más de 15 veces el límite aprobado actual, con riesgo de desbordamiento hacia calles, suelos y cursos de agua cercanos — incluyendo el lago Musconetcong a 300 metros del edificio, y el lago Hopatcong, el mayor lago de agua dulce de Nueva Jersey.
La demanda y la orden judicial. El 20 de marzo de 2026, la gobernadora Sherrill y la fiscal general Davenport demandaron al ICE y al DHS de manera conjunta — sumándose al municipio de Roxbury — alegando que el proyecto violaba la Ley de Política Nacional Ambiental (NEPA), la Ley Administrativa de Procedimientos (APA) y otras normas. En abril, el estado pidió una orden preliminar de injunción. El 19 de mayo, el tribunal emitió la orden que limita lo que el gobierno puede hacer en el inmueble mientras el proceso ambiental esté pendiente.
Un tribunal federal había encontrado ya que un plan análogo del DHS para convertir otro almacén en un centro de detención del ICE en Maryland era “probablemente ilegal.”
Si Project NINJA tiene razón y el ICE usó el almacén de Roxbury el 4 de septiembre para retener y transferir detenidos, estaría en desacato de esa orden. La fiscal general tiene ahora que decidir si pide al tribunal que encuentre ese desacato — y si fuerza una inspección del inmueble. El plazo para el informe de estado en el caso vence el 16 de septiembre. Ayer.
ICE bought a New Jersey warehouse for $129 million without telling the town, a judge prohibited its use as a detention facility — and now there’s evidence it was used anyway on September 4
Project NINJA filed a complaint Friday with Attorney General Jennifer Davenport alleging ICE violated the May 19 court order by using the Roxbury warehouse as a detainee transfer point during the Dover raids. The AG says it is “carefully reviewing” the matter. The warehouse has four bathrooms and an approved capacity of 12,000 gallons of water per day. DHS’s plan: hold 1,500 detainees and hire 1,000 staff.
ROXBURY / TRENTON, NEW JERSEY — In the early morning of September 4, 2026, ICE arrested people in downtown Dover, New Jersey — a small city of 18,000 in Morris County, about seven miles east of Roxbury. One of those detained called his daughter at 8:52 a.m. He told her he had been driven west from Dover with others arrested that morning, that he thought he might be in Pennsylvania, and that he was being held inside what he described as something like a jail.
He wasn’t in Pennsylvania. He was, in all likelihood, inside the Roxbury Township warehouse on Route 46. The same warehouse the Department of Homeland Security purchased in January 2026 for $129 million without notifying the township. The same one New Jersey’s attorney general and Governor Mikie Sherrill sued in March to prevent its conversion into a detention facility. And the same one a court order signed on May 19 prohibits from being used as a detention facility pending an environmental review.
The evidence that brought Project NINJA to the attorney general. The coalition Project NINJA — short for No ICE North Jersey Alliance — filed a letter Friday with Attorney General Jennifer Davenport’s office alleging ICE is violating the May order by using the Roxbury warehouse as a de facto holding and transfer facility during its raids across northern New Jersey.
The evidence: volunteers stationed at a nearby observation point documented the license plates, makes and models of the vehicles that carried out the Dover arrests that September 4 morning. Those same vehicles were seen entering and exiting the Roxbury warehouse shortly afterward. A Dover councilwoman relayed the phone testimony of one detainee’s daughter — the man who called from inside what he described as a detention-like facility west of Dover.
“There’s no other ICE facility, jail, or prison anywhere in that area — given the timing, it looks likely this person and his fellow detainees were detained for a short period of time at the Roxbury warehouse and then transferred from there,” said David Broderick, Project NINJA’s legal adviser. “We believe this has been going on for a while. It’s not perfect evidence. But it’s the best evidence we’ve had so far, and we felt it was enough to go to the attorney general.”
The AG’s office said it is “carefully reviewing” the complaint.
The warehouse nobody wanted — that DHS bought anyway. The Route 46 Roxbury warehouse’s history is one of the most revealing chapters of ICE’s detention infrastructure expansion in the Northeast. DHS paid $129 million for the property — a former 470,000-square-foot distribution warehouse its previous owner, Texas-based Dalfen Industrial, bought in 2023 as a last-mile delivery site but never used.
DHS didn’t notify the township of the purchase. Roxbury’s mayor didn’t find out through any official channel. New Jersey’s state government learned about it from a news article. The only official document DHS produced about the project before the lawsuit forced more disclosure was a two-page January 14, 2026 letter to the New Jersey Historic Preservation Office saying the conversion would not affect historic properties.
DHS’s plan: convert the warehouse into a facility that could hold up to 1,500 detainees and employ 1,000 staff. The problem: the building has four bathrooms and an approved capacity of 12,000 gallons of water per day. Sanitation for 1,500 people would exceed the current approved limit by more than 15 times, with risk of overflow into nearby streets, land and waterways — including Lake Musconetcong, 1,000 feet from the building, and Lake Hopatcong, the largest freshwater lake in New Jersey.
The lawsuit and the court order. On March 20, 2026, Governor Sherrill and Attorney General Davenport jointly sued ICE and DHS — alongside Roxbury Township — alleging the project violated the National Environmental Policy Act, the Administrative Procedures Act and other laws. In April, the state sought a preliminary injunction. On May 19, the court issued the order limiting what the government may do at the property while the environmental process is pending.
A federal court had already found that an analogous DHS plan to convert another warehouse into an ICE detention facility in Maryland was “likely unlawful.”
If Project NINJA is right and ICE used the Roxbury warehouse on September 4 to hold and transfer detainees, it would be in contempt of that order. The attorney general must now decide whether to ask the court to find that contempt — and whether to push for a property inspection. The status report deadline in the case was September 16. Yesterday.
O ICE comprou um armazém em Nova Jersey por US$ 129 milhões sem avisar o município, um juiz proibiu seu uso como centro de detenção — e agora há evidências de que foi usado assim mesmo em 4 de setembro
O Project NINJA apresentou na sexta-feira uma denúncia à procuradora-geral Jennifer Davenport alegando que o ICE violou a ordem judicial de 19 de maio usando o armazém de Roxbury como ponto de transferência de detenidos durante as operações de Dover. A procuradora-geral diz que está “revisando cuidadosamente”. O armazém tem quatro banheiros e capacidade aprovada para 12.000 galões de água por dia. O plano do DHS: abrigar 1.500 detenidos e contratar 1.000 funcionários.
ROXBURY / TRENTON, NOVA JERSEY — Na madrugada de 4 de setembro de 2026, o ICE realizou prisões no centro de Dover, Nova Jersey — uma pequena cidade de 18.000 habitantes no condado de Morris, a cerca de 11 quilômetros a leste de Roxbury. Um dos detidos ligou para a filha às 8h52. Disse que o tinham levado para o oeste a partir de Dover junto com outras pessoas presas naquela manhã, que achava que poderia estar na Pensilvânia, e que estava sendo mantido dentro do que ele descreveu como algo parecido com uma prisão.
Ele não estava na Pensilvânia. Estava, com quase toda certeza, dentro do armazém de Roxbury Township, na Rota 46. O mesmo armazém que o Departamento de Segurança Interna comprou em janeiro de 2026 por US$ 129 milhões sem avisar o município. O mesmo que a procuradora-geral de Nova Jersey e a governadora Mikie Sherrill processaram em março para impedir sua conversão em centro de detenção. E o mesmo que uma ordem judicial assinada em 19 de maio proíbe de ser usado como instalação de detenção enquanto uma revisão ambiental estiver pendente.
A evidência que levou o Project NINJA à procuradora-geral. A coalização Project NINJA — acrônimo de No ICE North Jersey Alliance — apresentou na sexta-feira uma carta ao escritório da procuradora-geral Jennifer Davenport alegando que o ICE viola a ordem de maio usando o armazém de Roxbury como instalação de retenção e transferência de facto durante suas operações no norte de Nova Jersey.
As evidências: voluntários apostados num ponto de observação próximo ao armazém documentaram as placas, marcas e modelos dos veículos que realizaram as prisões em Dover naquela manhã de 4 de setembro. Esses mesmos veículos foram vistos entrando e saindo do armazém de Roxbury pouco depois. Uma vereadora de Dover transmitiu o testemunho telefônico da filha de um dos presos — o homem que ligou de dentro do que ele próprio descreveu como uma instalação semelhante a uma prisão a oeste de Dover.
“Não há nenhuma outra instalação do ICE, cadeia ou prisão em qualquer lugar dessa área — dado o momento, parece provável que essa pessoa e seus companheiros detenidos foram levados por um curto período de tempo ao armazém de Roxbury e depois transferidos de lá”, disse David Broderick, assessor jurídico do Project NINJA. “Acreditamos que isso vem acontecendo há algum tempo. Não é uma evidência perfeita. Mas é a melhor que tivemos até agora, e consideramos que era suficiente para recorrer à procuradora-geral.”
O escritório da procuradora-geral disse que está “revisando cuidadosamente” a denúncia.
O armazém que ninguém queria — e que o DHS comprou assim mesmo. O histórico do armazém da Rota 46 em Roxbury é um dos capítulos mais reveladores da expansão da infraestrutura de detenção do ICE no nordeste. O DHS pagou US$ 129 milhões pelo imóvel — um antigo armazém de distribuição de 470.000 pés quadrados que seu proprietário anterior, a empresa texana Dalfen Industrial, havia comprado em 2023 como centro de última milha, mas nunca chegou a utilizar.
O DHS não avisou o município da compra. O prefeito de Roxbury não soube por nenhum canal oficial. O governo do estado de Nova Jersey ficou sabendo por uma notícia jornalística. O único documento oficial que o DHS produziu sobre o projeto — antes de o processo judicial forçar mais divulgação — foi uma carta de duas páginas de 14 de janeiro de 2026 ao Departamento de Preservação Histórica de Nova Jersey dizendo que a conversão não afetaria propriedades históricas.
O plano do DHS: converter o armazém numa instalação que poderia abrigar até 1.500 detenidos e contratar 1.000 funcionários. O problema: o edifício tem quatro banheiros e capacidade aprovada para 12.000 galões de água por dia. O saneamento para 1.500 pessoas excederia em mais de 15 vezes o limite aprovado atual, com risco de transbordamento para ruas, terrenos e cursos d’água próximos — incluindo o lago Musconetcong, a 300 metros do edifício, e o lago Hopatcong, o maior lago de água doce de Nova Jersey.
O processo e a ordem judicial. Em 20 de março de 2026, a governadora Sherrill e a procuradora-geral Davenport processaram conjuntamente o ICE e o DHS — juntando-se ao município de Roxbury — alegando que o projeto violava a Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA), a Lei de Procedimentos Administrativos (APA) e outras normas. Em abril, o estado pediu uma liminar. Em 19 de maio, o tribunal emitiu a ordem que limita o que o governo pode fazer no imóvel enquanto o processo ambiental estiver pendente.
Um tribunal federal já havia concluído que um plano análogo do DHS para converter outro armazém num centro de detenção do ICE em Maryland era “provavelmente ilegal.”
Se o Project NINJA estiver certo e o ICE tiver usado o armazém de Roxbury em 4 de setembro para reter e transferir detenidos, estaria em desacato a essa ordem. A procuradora-geral deve agora decidir se pede ao tribunal que declare esse desacato — e se força uma inspeção do imóvel. O prazo para o relatório de estado no caso era 16 de setembro. Ontem.
