Un juez federal frena a Trump un día antes de que miles de salvadoreños, sudaneses y ucranianos perdieran su permiso de trabajo
La “One Big Beautiful Bill” de Trump convirtió el asilo en un sistema de pago: $100 anuales solo por tener la solicitud pendiente, $500 para renovar el TPS y $1.000 para el permiso de trabajo, sin exenciones por pobreza. Un juez republicano en Boston dijo que las consecuencias “son potencialmente graves” y lo paró en seco. Hasta el 5 de agosto, nadie pierde su autorización laboral.
BOSTON / WASHINGTON — El martes 21 de julio de 2026, a un día de que miles de inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS) de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su permiso de trabajo, un juez federal de Boston lo bloqueó todo.
El juez de distrito Nathaniel Gorton se puso del lado de grupos de derechos de inmigrantes y sindicatos que impugnaban una serie de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), que implementan restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado. En su orden de cinco páginas escribió que “las consecuencias que enfrentan los demandantes son potencialmente graves.” La decisión permanecerá vigente mientras el juez considera si emitir una orden cautelar de mayor plazo, con una resolución esperada para el 5 de agosto.
Qué iba a pasar el miércoles. Para entender la urgencia, hay que ver qué estaba a punto de ocurrir. Las nuevas políticas del USCIS habrían llevado a miles de titulares de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania a perder su autorización de trabajo a partir del miércoles 22 de julio, al aplicar retroactivamente nuevas restricciones a personas que aún están protegidas por el TPS. El TPS es el mecanismo que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis vivir y trabajar legalmente en EE.UU. hasta que se considere seguro el regreso. Para El Salvador, el TPS sigue vigente hasta el 9 de septiembre; para Sudán y Ucrania, hasta el 19 de octubre.
La ley que lo originó todo: la “One Big Beautiful Bill”. El origen del problema está en julio de 2025, cuando el Congreso controlado por los republicanos aprobó la llamada One Big Beautiful Bill Act, la ley de gastos e impuestos emblema de Trump. Entre sus disposiciones migratorias, la ley transformó el sistema humanitario en un sistema de pago sin exenciones. Antes de esta ley, solicitar asilo era gratuito. Ahora cuesta $100 solo presentar la solicitud, más $100 adicionales cada año que la solicitud siga pendiente de resolución. La tarifa TPS subió de $50 a $500 — un incremento del 900% — y el permiso inicial de trabajo para solicitantes de asilo, parolees o titulares de TPS subió de $630 a $1.000. Un solicitante de asilo que pida al menos un permiso de trabajo y espere cinco años para obtener una resolución pagará al menos $1.150 en tasas bajo la nueva ley, frente a los $0 que pagaba antes. Y sin posibilidad de exención por dificultades económicas.
La nueva regla que el juez bloqueó va más lejos: si un inmigrante no paga la tarifa anual de asilo en un plazo de 30 días desde la notificación, el USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente, lo que automáticamente cancela su permiso de trabajo. El juez Gorton bloqueó las consecuencias del impago — la cancelación del permiso y las penalizaciones — aunque no bloqueó la recaudación de la tarifa en sí.
El argumento legal: sin consulta pública, sin base jurídica. La demanda, presentada a principios de julio por una coalición de organizaciones representadas por el grupo legal Democracy Forward, argumenta que el USCIS hizo los cambios sin consulta pública, como exige la ley, y que aplicó retroactivamente las disposiciones de la nueva ley a personas de El Salvador, Sudán y Ucrania sin autorización legal para ello. Los demandantes argumentan que el USCIS violó la Ley de Procedimiento Administrativo al implementar la nueva política.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, celebró el fallo: “Esta decisión protege a miles de solicitantes de asilo y titulares de TPS de un daño inmediato e irreparable mientras el caso avanza. Sin esta medida cautelar, familias que han cumplido la ley y confiado en protecciones humanitarias de larga data habrían enfrentado la pérdida repentina de su autorización de empleo y su capacidad de sostenerse, sin culpa alguna de su parte.”
El detalle que nadie esperaba: el juez es republicano. El caso fue presentado en Boston, un tribunal popular entre los litigantes que impugnan la agenda de Trump, y recayó en uno de los pocos jueces del tribunal que no fue nombrado por un demócrata: Gorton, nombrado por el presidente republicano George H.W. Bush. Que un juez de la órbita republicana haya frenado la medida subraya la solidez del argumento legal.
El patrón: los jueces llevan meses frenando la agenda migratoria de Trump. Este fallo se enmarca en una serie de bloqueos judiciales a las políticas migratorias de la administración. En mayo, otro juez federal bloqueó el fin del TPS para ciudadanos yemeníes. En junio, el Tribunal Supremo permitió al gobierno terminar con las protecciones para miles de haitianos y sirios — una victoria para Trump —, aunque también abrió el camino para más litigios. La administración ha intentado eliminar el TPS en más de una docena de países desde enero de 2025.
Qué pasa ahora. El juez Gorton tomará una decisión antes del 5 de agosto sobre si la orden cautelar debe mantenerse durante todo el proceso del juicio. Hasta entonces, los inmigrantes elegibles podrán seguir dependiendo de su autorización de empleo existente, y los empleadores no perderán de inmediato a trabajadores cuyos permisos habrían sido cancelados. Si Gorton amplía la orden, el caso continuará por los tribunales durante meses. Si no lo hace, miles de personas volverán a estar al borde de perder su derecho a trabajar.
Lo que está en juego, en resumen: si un salvadoreño lleva años pagando impuestos, criando hijos y trabajando legalmente bajo el TPS, la nueva ley de Trump dice que ahora tiene que pagar $500 anuales para mantener ese estatus — o pierde el permiso de trabajo. Un juez dijo que eso, al menos por ahora, no puede ocurrir.
A federal judge stopped Trump one day before thousands of Salvadorans, Sudanese and Ukrainians would have lost their work permits
Trump’s “One Big Beautiful Bill” turned asylum into a pay-to-play system: $100 a year just to keep an application pending, $500 to renew TPS and $1,000 for a work permit, with no poverty waivers. A Republican-appointed judge in Boston said the consequences “are potentially severe” and halted it. Until August 5, no one loses their work authorization.
BOSTON / WASHINGTON — On Tuesday, July 21, 2026, with one day to spare before thousands of immigrants with Temporary Protected Status from El Salvador, Sudan and Ukraine were set to lose their work permits, a federal judge in Boston halted everything.
US District Judge Nathaniel Gorton sided with immigrant rights groups and labour unions challenging a series of new USCIS policies implementing immigration restrictions passed by Congress last year. In his five-page order, he wrote that “the consequences faced by plaintiffs are potentially severe.” The order will stay in place while he considers whether to issue a longer-term injunction, with a decision expected by August 5.
What was about to happen on Wednesday. To understand the urgency, you need to see what was hours away. The new USCIS policies would have led thousands of TPS holders from El Salvador, Sudan and Ukraine to lose their work authorization starting Wednesday July 22, by retroactively applying new restrictions to people still protected by TPS. TPS is the mechanism that allows citizens of countries affected by war, natural disasters or other major crises to live and work legally in the US until it is considered safe to return. TPS remains valid for El Salvador through September 9 and for Sudan and Ukraine through October 19.
The law that started everything: the One Big Beautiful Bill. The origin of the problem is July 2025, when the Republican-controlled Congress passed the One Big Beautiful Bill Act, Trump’s signature tax-and-spending legislation. Among its immigration provisions, the law transformed the humanitarian system into a pay-to-play structure with no poverty waivers. Before this law, applying for asylum was free. Now it costs $100 just to file, plus $100 more every year the application stays pending. The TPS fee jumped from $50 to $500 — a 900% increase — and the initial work permit for asylum applicants, parolees or TPS holders rose from $630 to $1,000. An asylum seeker who requests at least one work permit and waits five years for a decision will pay at least $1,150 in filing fees under the new law, compared to $0 before it was enacted. And with no option for hardship waivers.
The specific rule the judge blocked goes further: if an immigrant fails to pay the annual asylum fee within 30 days of notification, USCIS will reject their pending asylum application, which automatically cancels their work permit. Judge Gorton blocked the consequences of non-payment — permit cancellation and penalties — though he did not block the collection of the fee itself.
The legal argument: no public notice, no legal basis. The lawsuit, filed earlier this month by a coalition of organisations represented by Democracy Forward, argues that USCIS made the changes without public input as required by law, and retroactively applied the new law’s TPS work authorization provisions to people from El Salvador, Sudan and Ukraine without statutory authorization to do so. Plaintiffs argue USCIS violated the Administrative Procedure Act when implementing the new policy.
Skye Perryman, Democracy Forward’s president and CEO, welcomed the ruling: “This decision protects thousands of asylum seekers and TPS holders from immediate and irreparable harm while this case moves forward. Without this relief, families who have followed the law and relied on longstanding humanitarian protections faced the sudden loss of their employment authorisation and ability to support themselves through no fault of their own.”
The detail nobody expected: the judge is a Republican appointee. The case was filed in Boston, a venue popular among litigants challenging Trump’s agenda, and landed before one of the few judges on the court who was not appointed by a Democrat — Gorton, an appointee of Republican President George H.W. Bush. The fact that a judge from the Republican orbit blocked the measure underscores the legal argument’s strength.
The pattern: judges have been blocking Trump’s immigration agenda for months. This ruling fits into a series of judicial blocks on the administration’s immigration policies. In May, another federal judge blocked the end of TPS for Yemeni nationals. In June, the Supreme Court allowed the government to terminate protections for thousands of Haitians and Syrians — a win for Trump — while also opening the door to further litigation. The administration has attempted to end TPS for more than a dozen countries since January 2025.
What happens now. Judge Gorton will decide before August 5 whether the injunction should remain in place throughout the lawsuit. Until then, eligible immigrants may continue relying on their existing employment authorization, and employers will not immediately lose workers whose permits would otherwise have been affected. If Gorton extends the order, the case will move through the courts for months. If he doesn’t, thousands of people will again be on the edge of losing their right to work.
What’s at stake, in plain terms: if a Salvadoran has spent years paying taxes, raising children and working legally under TPS, Trump’s new law says they now have to pay $500 a year to keep that status — or lose their work permit. A judge said that, at least for now, cannot happen.
Um juiz federal parou Trump um dia antes de milhares de salvadorenhos, sudaneses e ucranianos perderem sua autorização de trabalho
A “One Big Beautiful Bill” de Trump transformou o asilo num sistema de pagamento: $100 por ano só para manter a solicitação pendente, $500 para renovar o TPS e $1.000 para a autorização de trabalho, sem isenções por pobreza. Um juiz nomeado por republicano em Boston disse que as consequências “são potencialmente graves” e freou tudo. Até 5 de agosto, ninguém perde sua autorização de trabalho.
BOSTON / WASHINGTON — Na terça-feira, 21 de julho de 2026, a um dia de que milhares de imigrantes com Estatuto de Proteção Temporária (TPS) de El Salvador, Sudão e Ucrânia perdessem sua autorização de trabalho, um juiz federal em Boston paralisou tudo.
O juiz distrital Nathaniel Gorton deu razão a grupos de direitos dos imigrantes e sindicatos que contestavam uma série de novas políticas do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS), que implementam restrições migratórias aprovadas pelo Congresso no ano passado. Em sua ordem de cinco páginas, escreveu que “as consequências enfrentadas pelos demandantes são potencialmente graves.” A ordem permanecerá em vigor enquanto ele avalia se emite uma liminar de prazo mais longo, com decisão esperada para 5 de agosto.
O que estava prestes a acontecer na quarta-feira. Para entender a urgência, é preciso ver o que estava a horas de ocorrer. As novas políticas do USCIS levariam milhares de titulares de TPS de El Salvador, Sudão e Ucrânia a perder sua autorização de trabalho a partir de quarta-feira, 22 de julho, ao aplicar retroativamente novas restrições a pessoas ainda protegidas pelo TPS. O TPS é o mecanismo que permite a cidadãos de países afetados por guerras, desastres naturais ou outras crises graves viver e trabalhar legalmente nos EUA até que se considere seguro o retorno. O TPS segue válido para El Salvador até 9 de setembro e para Sudão e Ucrânia até 19 de outubro.
A lei que originou tudo: a One Big Beautiful Bill. A origem do problema está em julho de 2025, quando o Congresso controlado pelos republicanos aprovou a chamada One Big Beautiful Bill Act, a lei tributária e de gastos símbolo de Trump. Entre suas disposições migratórias, a lei transformou o sistema humanitário num sistema de pagamento sem isenções por dificuldades financeiras. Antes dessa lei, solicitar asilo era gratuito. Agora custa $100 só para apresentar a solicitação, mais $100 adicionais a cada ano que a solicitação permanecer pendente. A taxa do TPS subiu de $50 para $500 — aumento de 900% — e a autorização inicial de trabalho para solicitantes de asilo, liberados condicionalmente ou titulares de TPS subiu de $630 para $1.000. Um solicitante de asilo que peça ao menos uma autorização de trabalho e aguarde cinco anos por uma decisão pagará pelo menos $1.150 em taxas sob a nova lei, em comparação com $0 antes de sua promulgação. E sem possibilidade de isenção por dificuldades econômicas.
A regra específica que o juiz bloqueou vai além: se um imigrante não pagar a taxa anual de asilo em 30 dias após a notificação, o USCIS rejeitará sua solicitação de asilo pendente, o que cancela automaticamente sua autorização de trabalho. O juiz Gorton bloqueou as consequências do não pagamento — o cancelamento da autorização e as penalidades — mas não bloqueou a cobrança da taxa em si.
O argumento jurídico: sem consulta pública, sem base legal. O processo, aberto no início de julho por uma coalizão de organizações representadas pelo grupo legal Democracy Forward, argumenta que o USCIS fez as mudanças sem consulta pública, como exige a lei, e aplicou retroativamente as disposições da nova lei sobre autorização de trabalho do TPS a pessoas de El Salvador, Sudão e Ucrânia sem autorização legal para tanto. Os demandantes argumentam que o USCIS violou a Lei de Procedimento Administrativo ao implementar a nova política.
Skye Perryman, presidente e diretora executiva da Democracy Forward, celebrou a decisão: “Esta decisão protege milhares de solicitantes de asilo e titulares de TPS de danos imediatos e irreparáveis enquanto o caso avança. Sem essa medida, famílias que cumpriram a lei e dependeram de proteções humanitárias de longa data teriam enfrentado a perda repentina de sua autorização de emprego e capacidade de se sustentar, sem qualquer culpa da sua parte.”
O detalhe que ninguém esperava: o juiz foi nomeado por republicano. O caso foi apresentado em Boston, tribunal popular entre os litigantes que contestam a agenda de Trump, e recaiu sobre um dos poucos juízes do tribunal não nomeado por um democrata — Gorton, indicado pelo presidente republicano George H.W. Bush. O fato de um juiz da órbita republicana ter bloqueado a medida reforça a solidez do argumento jurídico.
O padrão: juízes vêm bloqueando a agenda migratória de Trump há meses. Esta decisão se encaixa numa série de bloqueios judiciais às políticas migratórias da administração. Em maio, outro juiz federal bloqueou o fim do TPS para cidadãos iemenitas. Em junho, o Supremo Tribunal permitiu ao governo encerrar as proteções para milhares de haitianos e sírios — uma vitória para Trump — mas também abriu caminho para novos litígios. A administração tentou encerrar o TPS em mais de uma dúzia de países desde janeiro de 2025.
O que acontece agora. O juiz Gorton decidirá antes de 5 de agosto se a liminar deve permanecer durante todo o processo judicial. Até lá, os imigrantes elegíveis poderão continuar dependendo de sua autorização de emprego existente, e os empregadores não perderão imediatamente trabalhadores cujas autorizações teriam sido afetadas. Se Gorton prorrogar a ordem, o caso seguirá pelos tribunais por meses. Se não o fizer, milhares de pessoas voltarão a estar à beira de perder seu direito de trabalhar.
O que está em jogo, em termos simples: se um salvadorenho passou anos pagando impostos, criando filhos e trabalhando legalmente sob o TPS, a nova lei de Trump diz que agora ele precisa pagar $500 por ano para manter esse status — ou perde a autorização de trabalho. Um juiz disse que isso, ao menos por enquanto, não pode acontecer.
