“Esto sigue siendo un país de leyes”: un juez federal anuló en 135 páginas las políticas que dejaron a millones de inmigrantes de 39 países sin proceso durante más de seis meses
El juez John McConnell Jr. derribó las restricciones del USCIS que bloqueaban decisiones sobre asilo, permisos de trabajo, green cards y ciudadanía para ciudadanos de 39 países. Las llamó “discriminatorias” y “arbitrarias”, acusó al gobierno de ignorar la ley y dijo que “dejaron las vidas de incontables inmigrantes en un limbo legal indeterminado.” Es el fallo judicial más extenso y profundo contra la agenda migratoria de Trump en 2026.
BOSTON / WASHINGTON — El viernes 5 de junio de 2026, el juez jefe del Distrito Federal de Rhode Island, John J. McConnell Jr., emitió un fallo de 135 páginas que se convirtió instantáneamente en el golpe judicial más contundente contra la agenda migratoria de la administración Trump desde que el presidente regresó al poder en enero de 2025.
La sentencia anuló una serie de políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que, durante más de seis meses, habían dejado a millones de inmigrantes de 39 países sin posibilidad de recibir ninguna decisión final sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia permanente y ciudadanía. No porque sus casos hubieran sido denegados. Simplemente porque el USCIS — por orden del gobierno — se había negado a procesarlos.
El origen de las restricciones. Las políticas bloqueadas por McConnell nacieron como respuesta a un incidente de seguridad. El año anterior, un nacional afgano fue arrestado acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional. La administración Trump usó ese hecho para justificar una suspensión indefinida del procesamiento de solicitudes de asilo y un congelamiento de las decisiones sobre solicitudes de inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio — incluyendo a países latinoamericanos que figuran en la lista del veto migratorio de Trump.
El USCIS argumentó que las restricciones eran necesarias por razones de seguridad nacional. El juez McConnell encontró que ese argumento no aguantaba el escrutinio legal.
Lo que dijo el juez — y en qué términos lo dijo. El tono del fallo de McConnell es inusualmente directo. Describió las políticas como aquellas que “arrojaron las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado.” Acusó al USCIS de haber “ignorado la ley.” Y concluyó con una frase que circuló ampliamente en los medios: “Afortunadamente, esto sigue siendo un país de leyes, y quienes defienden los valores de América tienen recursos para desafiar y rechazar tales políticas discriminatorias y arbitrarias.”
La sentencia estableció que las políticas del USCIS eran ilegales porque la agencia no puede bloquear de forma categórica las decisiones finales sobre solicitudes migratorias basándose en el país de origen del solicitante. El derecho constitucional a la igualdad de trato y los procedimientos establecidos por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad no permiten que el USCIS simplemente congele el proceso para ciertas nacionalidades sin base legal y sin el proceso administrativo requerido.
A quiénes afecta el fallo. La magnitud del fallo es enorme. Los 39 países cuyos ciudadanos quedaron protegidos por la sentencia abarcan tres continentes. En América Latina, incluye países con diáspora significativa en EE.UU. En África, incluye a países como Nigeria, Etiopía y Senegal. En Oriente Medio y Asia Central, incluye a Afganistán — el origen del incidente que la administración usó para justificar todo el andamiaje restrictivo.
Durante los más de seis meses en que las políticas estuvieron vigentes, inmigrantes en todo el país vieron vencerse sus permisos de trabajo sin poder renovarlos, postergaron decisiones de vida — educación, vivienda, viajes — porque no sabían cuándo o si sus casos serían resueltos, y en algunos casos perdieron empleos por la incertidumbre sobre su estatus.
El patrón de victorias judiciales. El fallo de McConnell no ocurre en el vacío. En 2026, los tribunales federales se han convertido en el principal freno a la agenda migratoria de Trump, en una guerra legal que muestra el mismo patrón una y otra vez:
El juez Gorton en Boston bloqueó en julio la cancelación de permisos de trabajo para titulares de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania, bajo la One Big Beautiful Bill Act. El juez Kaplan en Nueva York calificó de “escandalosamente engañosa” la declaración jurada del ICE sobre las condiciones en el centro de detención del 26 de Federal Plaza. La jueza Wise en California liberó al joven neozelandés Cornelius Holani y llamó “coerción” a lo que el ICE le hizo firmar en el aeropuerto de Oakland. Y en junio, el propio McConnell había emitido otro fallo — en el mismo caso — suspendiendo temporalmente las políticas mientras estudiaba el fondo del asunto.
La administración Trump ha respondido a estos fallos calificando a los jueces que bloquean sus operaciones de “activistas” que “interfieren inapropiadamente” en la política migratoria del ejecutivo. Hasta ahora, los tribunales federales no han cambiado de postura.
Lo que viene ahora. La administración puede apelar el fallo de McConnell ante el Primer Circuito de Apelaciones — que tiene jurisdicción sobre Rhode Island y Massachusetts — y eventualmente llevar el caso al Tribunal Supremo. La historia reciente muestra que algunos de los bloqueantes judiciales del primer mandato de Trump terminaron siendo revertidos en el Supremo, donde la nueva mayoría conservadora de 6 a 3 ha demostrado mayor receptividad a los argumentos del ejecutivo.
Pero por ahora, el fallo es ley. Las solicitudes de asilo, los permisos de trabajo, las tarjetas de residencia y las solicitudes de ciudadanía de ciudadanos de 39 países pueden volver a ser procesadas. Millones de personas en limbo legal — algunos durante más de medio año — tienen de nuevo un camino, aunque no un destino garantizado.
“Esto sigue siendo un país de leyes”, escribió el juez McConnell. El gobierno de Trump ya anunció que piensa demostrar lo contrario en el tribunal siguiente.
“This is still a nation of laws”: a federal judge invalidated in 135 pages the policies that left millions of immigrants from 39 countries without any process for over six months
Judge John McConnell Jr. struck down USCIS restrictions that blocked decisions on asylum, work permits, green cards and citizenship for nationals of 39 countries. He called them “discriminatory” and “arbitrary,” accused the government of ignoring the law and said they “threw the lives of countless immigrants living in the United States into indeterminate legal limbo.” It is the most extensive and substantive judicial ruling against Trump’s immigration agenda in 2026.
BOSTON / WASHINGTON — On Friday, June 5, 2026, Chief U.S. District Judge John J. McConnell Jr. of the District of Rhode Island issued a 135-page ruling that instantly became the most forceful judicial blow against the Trump administration’s immigration agenda since the president returned to power in January 2025.
The decision struck down a series of U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) policies that, for over six months, had left millions of immigrants from 39 countries unable to receive any final decision on their asylum applications, work permits, permanent residence cards and citizenship requests. Not because their cases had been denied. Simply because USCIS — under government orders — had refused to process them.
Where the restrictions came from. The policies struck down by McConnell originated as a response to a security incident. The previous year, an Afghan national was arrested and accused of shooting two National Guard members. The Trump administration used that fact to justify an indefinite suspension of asylum processing and a freeze on decisions for applicants from 39 countries across Africa, Asia, Latin America and the Middle East — including Latin American countries on Trump’s immigration ban list.
USCIS argued the restrictions were necessary for national security. Judge McConnell found that argument didn’t survive legal scrutiny.
What the judge said — and in what terms. McConnell’s ruling is unusually blunt. He described the policies as having “thrown the lives of countless immigrants living in the United States into indeterminate legal limbo.” He accused USCIS of having “ignored the law.” And he concluded with a line that circulated widely: “Fortunately, this is still a nation of laws, and those who uphold America’s values have recourse to challenge and push back on such discriminatory, arbitrary policies.”
The ruling established that USCIS policies were illegal because the agency cannot categorically block final decisions on immigration applications based on the applicant’s country of origin. Constitutional equal protection and the procedures established by Congress in the Immigration and Nationality Act do not allow USCIS to simply freeze the process for certain nationalities without legal basis and without the required administrative procedure.
Who the ruling affects. The scope of the ruling is enormous. The 39 countries whose citizens gained protection cover three continents. In Latin America, it includes countries with significant U.S. diaspora communities. In Africa, it includes Nigeria, Ethiopia and Senegal. In the Middle East and Central Asia, it includes Afghanistan — the origin of the incident the administration used to justify the entire restrictive framework.
During the more than six months the policies were in effect, immigrants across the country watched their work permits expire without being able to renew them, postponed life decisions — education, housing, travel — because they didn’t know when or if their cases would be resolved, and in some cases lost jobs due to uncertainty about their status.
The pattern of judicial victories. McConnell’s ruling doesn’t happen in isolation. In 2026, federal courts have become the primary brake on Trump’s immigration agenda, in a legal war showing the same pattern again and again:
Judge Gorton in Boston blocked in July the cancellation of work permits for TPS holders from El Salvador, Sudan and Ukraine under the One Big Beautiful Bill Act. Judge Kaplan in New York called the ICE sworn declaration about detention conditions at 26 Federal Plaza “egregiously misleading.” Judge Wise in California freed young New Zealander Cornelius Holani and called what ICE made him sign at Oakland Airport “coercion.” And in June, McConnell himself had issued another ruling in the same case, temporarily suspending the policies while studying the merits.
The Trump administration has responded to these rulings by calling judges who block its operations “activists” who “improperly interfere” in executive immigration policy. So far, the federal courts have not changed their stance.
What comes next. The administration can appeal McConnell’s ruling to the First Circuit of Appeals — which has jurisdiction over Rhode Island and Massachusetts — and eventually take the case to the Supreme Court. Recent history shows that some of the judicial blocks from Trump’s first term were eventually reversed at the Supreme Court, where the new 6-3 conservative majority has shown greater receptiveness to executive branch arguments.
But for now, the ruling is law. Asylum applications, work permits, residence cards and citizenship applications for nationals of 39 countries can once again be processed. Millions of people in legal limbo — some for more than six months — have a path again, though not a guaranteed destination.
“This is still a nation of laws,” Judge McConnell wrote. The Trump government has already announced it plans to prove otherwise in the next court.
“Este ainda é um país de leis”: um juiz federal invalidou em 135 páginas as políticas que deixaram milhões de imigrantes de 39 países sem processo por mais de seis meses
O juiz John McConnell Jr. derrubou as restrições do USCIS que bloqueavam decisões sobre asilo, autorizações de trabalho, green cards e cidadania para cidadãos de 39 países. As chamou de “discriminatórias” e “arbitrárias”, acusou o governo de ignorar a lei e disse que “lançaram as vidas de incontáveis imigrantes que vivem nos EUA em um limbo legal indeterminado.” É o acórdão judicial mais extenso e profundo contra a agenda migratória de Trump em 2026.
BOSTON / WASHINGTON — Na sexta-feira, 5 de junho de 2026, o juiz-chefe do Distrito Federal de Rhode Island, John J. McConnell Jr., emitiu um acórdão de 135 páginas que se tornou instantaneamente o golpe judicial mais contundente contra a agenda migratória da administração Trump desde que o presidente voltou ao poder em janeiro de 2025.
A sentença anulou uma série de políticas do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) que, por mais de seis meses, deixaram milhões de imigrantes de 39 países sem possibilidade de receber qualquer decisão final sobre suas solicitações de asilo, autorizações de trabalho, cartões de residência permanente e pedidos de cidadania. Não porque seus casos tivessem sido negados. Simplesmente porque o USCIS — por ordem do governo — havia se recusado a processá-los.
A origem das restrições. As políticas derrubadas por McConnell nasceram como resposta a um incidente de segurança. No ano anterior, um nacional afegão foi preso acusado de atirar contra dois membros da Guarda Nacional. A administração Trump usou esse fato para justificar uma suspensão indefinida do processamento de pedidos de asilo e um congelamento das decisões sobre solicitações de imigrantes de 39 países da África, Ásia, América Latina e Oriente Médio — incluindo países latino-americanos que constam na lista do veto migratório de Trump.
O USCIS argumentou que as restrições eram necessárias por razões de segurança nacional. O juiz McConnell concluiu que esse argumento não resistia ao escrutínio legal.
O que o juiz disse — e em que termos. O tom do acórdão de McConnell é inusualmente direto. Descreveu as políticas como aquelas que “lançaram as vidas de incontáveis imigrantes que vivem nos Estados Unidos em um limbo legal indeterminado.” Acusou o USCIS de ter “ignorado a lei.” E concluiu com uma frase que circulou amplamente: “Felizmente, este ainda é um país de leis, e aqueles que defendem os valores da América têm recursos para desafiar e rejeitar tais políticas discriminatórias e arbitrárias.”
A sentença estabeleceu que as políticas do USCIS eram ilegais porque a agência não pode bloquear categoricamente as decisões finais sobre solicitações migratórias com base no país de origem do solicitante. A proteção constitucional de igualdade de tratamento e os procedimentos estabelecidos pelo Congresso na Lei de Imigração e Nacionalidade não permitem que o USCIS simplesmente congele o processo para certas nacionalidades sem base legal e sem o procedimento administrativo requerido.
Quem o acórdão afeta. A magnitude do acórdão é enorme. Os 39 países cujos cidadãos foram protegidos pela sentença abrangem três continentes. Na América Latina, inclui países com diáspora significativa nos EUA. Na África, inclui Nigéria, Etiópia e Senegal. No Oriente Médio e na Ásia Central, inclui o Afeganistão — a origem do incidente que a administração usou para justificar todo o arcabouço restritivo.
Durante os mais de seis meses em que as políticas estiveram vigentes, imigrantes em todo o país viram suas autorizações de trabalho vencer sem poder renová-las, adiaram decisões de vida — educação, moradia, viagens — porque não sabiam quando ou se seus casos seriam resolvidos, e em alguns casos perderam empregos pela incerteza sobre seu status.
O padrão de vitórias judiciais. O acórdão de McConnell não ocorre no vazio. Em 2026, os tribunais federais se tornaram o principal freio à agenda migratória de Trump, em uma guerra jurídica que mostra o mesmo padrão repetidamente:
O juiz Gorton em Boston bloqueou em julho o cancelamento de autorizações de trabalho para titulares de TPS de El Salvador, Sudão e Ucrânia, sob a One Big Beautiful Bill Act. O juiz Kaplan em Nova York chamou de “escandalosamente enganosa” a declaração jurada do ICE sobre as condições no centro de detenção do 26 Federal Plaza. A juíza Wise na Califórnia libertou o jovem neozelandês Cornelius Holani e chamou de “coerção” o que o ICE o fez assinar no aeroporto de Oakland. E em junho, o próprio McConnell havia emitido outro acórdão no mesmo caso, suspendendo temporariamente as políticas enquanto estudava o mérito.
A administração Trump tem respondido a esses acórdãos classificando os juízes que bloqueiam suas operações de “ativistas” que “interferem inadequadamente” na política migratória do executivo. Até agora, os tribunais federais não mudaram de postura.
O que vem a seguir. A administração pode recorrer do acórdão de McConnell ao Primeiro Circuito de Apelações — que tem jurisdição sobre Rhode Island e Massachusetts — e eventualmente levar o caso ao Supremo Tribunal. A história recente mostra que alguns dos bloqueios judiciais do primeiro mandato de Trump acabaram sendo revertidos no Supremo, onde a nova maioria conservadora de 6 a 3 demonstrou maior receptividade aos argumentos do executivo.
Mas por ora, o acórdão é lei. As solicitações de asilo, as autorizações de trabalho, os cartões de residência e os pedidos de cidadania de cidadãos de 39 países podem voltar a ser processados. Milhões de pessoas em limbo legal — alguns por mais de seis meses — têm novamente um caminho, embora não um destino garantido.
“Este ainda é um país de leis”, escreveu o juiz McConnell. O governo Trump já anunciou que pretende provar o contrário no próximo tribunal.
