MUERTE POR DISIDENCIA: NOBOA DE ECUADOR ELIGE PETRÓLEO SOBRE DERECHOS HUMANOS

DEATH FOR DISSENT: ECUADOR’S NOBOA CHOOSES OIL OVER HUMAN RIGHTS
Three Dead as Pro-Oil Government Targets Environmental Leaders
QUITO, ECUADOR, 16 OCT 2025 — At least three people have been killed in Ecuador as the government intensifies its use of force against Indigenous-led protests. The unrest, which began in mid-September, has been fueled by a surge in living costs and, critically, by President Daniel Noboa’s crackdown on environmental leaders whose work safeguards vast swathes of the Amazon rainforest.

The latest fatalities include Rosa Elena Paqui, 61, who suffered cardiac arrest from tear gas inhalation, and José Alberto Guamán Izama, 30, who was shot in the chest, according to the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) and the Ecuador Alliance for Human Rights. These deaths follow the earlier killing of Efraín Fueres, 46, who was gunned down during a demonstration on September 28.
Since taking office in 2023, Noboa, the nation’s youngest president, has moved the environmental ministry under the business-focused Ministry of Energy and Mines and enacted legislation critics say paves the way for pro-oil and pro-mining interests in ecologically sensitive areas. This includes measures critics argue could “weaken the constitutional and international guarantees” for Indigenous peoples, as noted by UN human rights experts.

The Noboa administration has also arrested, detained, or frozen the bank accounts of 61 leaders of Indigenous, environmental, and human rights organizations, accusing some of “unjustified private enrichment” without public evidence. These leaders collectively protect at least 35 million hectares of Amazon rainforest. José Cueva, a leader referred to prosecutors, helped win constitutional cases against mega-mining and sees the government’s actions as an attempt to “generate more fear,” stating, “It is clear that corporate interests are governing Ecuador.”

Videos circulating online show military and police firing towards civilians, with one clip showing an officer attacking an older Andean Indigenous woman. Ecuador’s Alliance for Human Rights reports at least 346 human rights violations and 172 arrests since September 23. Human rights groups condemn the repression, seeing it as an attack on movements that enshrined “rights of nature” in the 2008 constitution. A joint statement from over 130 civil society organizations called for an end to “repression, militarization, and excessive use of force.”

Despite the violence, dialogue has begun. Indigenous leaders raised concerns with government officials about poor infrastructure, health, and education. They demanded the release of imprisoned protesters, an end to being labeled “terrorists,” and a freeze on the fuel price hike. The outcome of the November 16 constitutional referendum, which could strip protections for nature and Indigenous peoples, will be a critical test, with leaders fearing a “critical situation” favoring corporate power if Noboa succeeds.

(Spanish) MUERTE POR DISIDENCIA: NOBOA DE ECUADOR ELIGE PETRÓLEO SOBRE DERECHOS HUMANOS
Tres Muertos Mientras Gobierno Pro-Petróleo Ataca a Líderes Ambientales
QUITO, ECUADOR, 16 DE OCTUBRE DE 2025 — Al menos tres personas han sido asesinadas en Ecuador a medida que el gobierno intensifica el uso de la fuerza contra las protestas lideradas por indígenas. El malestar, que comenzó a mediados de septiembre, ha sido alimentado por un aumento en el costo de vida y, fundamentalmente, por la represión del presidente Daniel Noboa contra líderes ambientales cuyo trabajo salvaguarda vastas extensiones de la selva amazónica.
Las últimas víctimas fatales incluyen a Rosa Elena Paqui, de 61 años, quien sufrió un paro cardíaco por inhalación de gases lacrimógenos, y José Alberto Guamán Izama, de 30 años, quien fue herido de bala en el pecho, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador. Estas muertes siguen al asesinato de Efraín Fueres, de 46 años, quien fue tiroteado durante una manifestación el 28 de septiembre.
Desde que asumió el cargo en 2023, Noboa, el presidente más joven de la nación, ha trasladado el ministerio de medio ambiente bajo el Ministerio de Energía y Minas (centrado en los negocios) y ha promulgado leyes que, según los críticos, allanan el camino para los intereses pro-petróleo y pro-minería en zonas ecológicamente sensibles. Esto incluye medidas que, según los críticos, podrían “debilitar las garantías constitucionales e internacionales” para los pueblos indígenas, como señalaron expertos en derechos humanos de la ONU.

La administración Noboa también ha arrestado, detenido o congelado las cuentas bancarias de 61 líderes de organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos, acusando a algunos de “enriquecimiento privado injustificado” sin pruebas públicas. Estos líderes protegen colectivamente al menos 35 millones de hectáreas de la selva amazónica. José Cueva, un líder remitido a la fiscalía, ayudó a ganar casos constitucionales contra la megaminería y considera las acciones del gobierno como un intento de “generar más miedo,” afirmando: “Está claro que los intereses corporativos están gobernando Ecuador.”
Vídeos que circulan en línea muestran a militares y policías disparando contra civiles, y un clip muestra a un oficial atacando a una anciana indígena andina. La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador informa de al menos 346 violaciones de derechos humanos y 172 detenciones desde el 23 de septiembre.
Grupos de derechos humanos condenan la represión, viéndola como un ataque a los movimientos que consagraron los “derechos de la naturaleza” en la constitución de 2008. Una declaración conjunta de más de 130 organizaciones de la sociedad civil pidió el fin de la “represión, militarización y uso excesivo de la fuerza.”

A pesar de la violencia, se ha abierto el diálogo. Los líderes indígenas plantearon a los funcionarios del gobierno preocupaciones sobre la mala infraestructura, salud y educación. Exigieron la liberación de los manifestantes encarcelados, que se deje de etiquetar a los manifestantes como “terroristas,” y la congelación de la política que aumentó el precio del combustible. El resultado del referéndum constitucional del 16 de noviembre, que podría despojar de protecciones a la naturaleza y a los pueblos indígenas, será una prueba crítica, y los líderes temen una “situación crítica” que favorezca el poder corporativo si Noboa tiene éxito.