Autoridades usan hackeo de celulares y reconocimiento facial para detener a inmigrantes

Autoridades usan hackeo de celulares y reconocimiento facial para detener a inmigrantes

Washington D.C. — Las autoridades migratorias de Estados Unidos han comenzado a utilizar tecnología avanzada para rastrear, identificar y detener a inmigrantes, según un informe difundido por Noticias Telemundo. Esta nueva estrategia incluye el uso de software de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y herramientas capaces de hackear teléfonos celulares.

De acuerdo con la información revelada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha destinado más de 1.4 mil millones de dólares en contratos tecnológicos durante septiembre de 2025, marcando el mayor gasto en casi dos décadas.

Las herramientas también estarían siendo utilizadas para identificar a manifestantes considerados “violentos” o a personas catalogadas como “enemigos del Estado”, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles y expertos en privacidad digital.

Mientras las autoridades sostienen que el objetivo es fortalecer la seguridad nacional y agilizar las operaciones migratorias, críticos advierten que el uso indiscriminado de esta tecnología podría derivar en abusos, persecuciones y violaciones a la privacidad de miles de personas.

🗞️ English version (ready to copy and paste):

Authorities use phone hacking and facial recognition to detain immigrants

Washington D.C. — U.S. immigration authorities have begun using advanced technology to track, identify, and detain immigrants, according to a report released by Noticias Telemundo. The new strategy involves facial recognition software, social media monitoring, and phone hacking tools.

According to the report, the Immigration and Customs Enforcement agency (ICE) has allocated $1.4 billion in technology contracts as of September 2025, marking the highest spending in nearly 18 years.

These tools are reportedly also being used to identify protesters deemed “violent” or individuals the government considers “enemies of the state,” raising serious concerns among civil rights groups and privacy advocates.

While authorities claim the move aims to strengthen national security and streamline immigration operations, critics warn that the broad use of such technologies could lead to abuse, surveillance overreach, and violations of personal privacy.

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