Un tribunal federal bloqueó el programa por el que el IRS ya compartió ilegalmente 47.000 expedientes de contribuyentes con el ICE — y el gobierno lleva el caso paralelo sobre ciudadanía al Tribunal Supremo
El Tribunal de Apelaciones del DC falló hoy por unanimidad que el programa IRS-ICE viola la ley de confidencialidad fiscal aprobada tras el Watergate. Más del 90% de los registros compartidos tenían direcciones inválidas como “Dirección Desconocida” o “NA NA.” Separadamente, el gobierno pidió hoy al Supremo que intervenga en el caso del sistema SAVE expandido, diseñado para verificar ciudadanía en los padrones electorales antes de las elecciones de noviembre.
WASHINGTON — El martes 8 de septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia emitió un fallo unánime que bloqueó el programa mediante el cual el Servicio de Impuestos Internos (IRS) había estado compartiendo información de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El tribunal encontró que las organizaciones demandantes tenían altas probabilidades de demostrar que el programa violaba la ley federal de confidencialidad fiscal.
Es el segundo golpe judicial en pocos días contra los intentos de la administración Trump de usar bases de datos federales para el control migratorio y la verificación electoral.
Lo que el IRS ya hizo — y cómo lo hizo. El programa nació de un acuerdo firmado en 2025 entre el IRS y el ICE. La agencia de inmigración solicitó información de dirección sobre aproximadamente 1,28 millones de personas a las que describió como sujetos de investigaciones criminales por incumplir órdenes finales de deportación. El IRS desarrolló un “Procedimiento de Intercambio de Datos” para procesar esas solicitudes y terminó compartiendo más de 47.000 expedientes de contribuyentes con el ICE.
El tribunal identificó los problemas técnicos — y legales — con ese proceso. Más del 90% de los registros compartidos con el ICE fueron generados mediante un proceso de emparejamiento de números de identificación fiscal que no verificó si había una dirección válida registrada. En otras palabras: el IRS compartió datos de contribuyentes con direcciones que decían “Dirección Desconocida”, “No Proporcionó” o “NA NA” — exactamente lo contrario de lo que exige la Sección 6103 del Código de Impuestos Internos, que requiere que la agencia que solicita la información proporcione nombre y dirección del contribuyente antes de obtener sus datos fiscales.
Los abogados del gobierno reconocieron durante los argumentos orales que algunas divulgaciones ocurrieron “sin cumplir con el estatuto.”
La jueza Cornelia Pillard escribió para el panel: “El Procedimiento de Intercambio de Datos contradice indiscutiblemente los requisitos de la Sección 6103.”
El Centro por los Derechos de los Contribuyentes, que llevó el caso, dijo que ahora hay aproximadamente 43.000 contribuyentes cuyos datos fueron compartidos ilegalmente con el ICE y que deben ser notificados para que puedan reclamar daños contra el gobierno.
Por qué el contexto electoral lo hace más grande. El fallo del IRS llega el mismo día en que la administración Trump pidió al Tribunal Supremo que intervenga en un caso separado — pero relacionado — sobre el sistema SAVE expandido.
El SAVE — Systematic Alien Verification for Entitlements — era históricamente un sistema usado para verificar el estatus migratorio de solicitantes de beneficios gubernamentales. En 2025, siguiendo una orden ejecutiva de Trump, el DHS expandió el sistema para permitir a los estados consultas masivas usando números de Seguridad Social, acceso a registros adicionales de la Administración del Seguro Social, y verificaciones de ciudadanía a gran escala — con el objetivo explícito de depurar los padrones electorales antes de las elecciones de mitad de período de noviembre de 2026.
Una coalición que incluye a la Liga de Mujeres Votantes impugnó el sistema expandido. En junio, un juez de distrito bloqueó partes de él, concluyendo que el DHS carecía de autoridad legal para esas expansiones. El DC Circuit rechazó la semana pasada la petición de emergencia de la administración para suspender ese bloqueo. Hoy, el gobierno fue directamente al Supremo.
El tribunal de apelaciones ya identificó un problema concreto: algunos ciudadanos americanos fueron marcados incorrectamente como no ciudadanos porque los registros del Seguro Social no habían sido actualizados después de su naturalización. Esas personas podrían ser eliminadas de los padrones electorales o tener que presentar pruebas adicionales de ciudadanía para votar en noviembre.
La arquitectura de vigilancia que los tribunales están frenando. Los dos casos — IRS-ICE y SAVE-electoral — forman parte de una arquitectura más amplia que la administración Trump lleva más de un año construyendo: cruzar bases de datos federales separadas para identificar inmigrantes indocumentados y verificar ciudadanía a una escala que ninguna administración anterior había intentado. Los datos del IRS para localizar deportables. Los datos del Seguro Social para limpiar padrones electorales. Los datos de Medicaid para identificar beneficiarios indocumentados. Los datos de la TSA para alertar al ICE sobre vuelos.
Los tribunales han bloqueado varios de estos intentos. Pero cada bloqueo es solo preliminar — la guerra legal continúa, y la administración ya llevó el caso SAVE al Supremo. Con una mayoría conservadora de 6 a 3, el desenlace final de esa batalla está lejos de ser predecible.
Lo que sí es predecible: noviembre llega en dos meses. Y la disputa sobre qué datos pueden usarse para verificar quién puede votar lleva al Tribunal Supremo.
A federal court blocked the program by which the IRS already illegally shared 47,000 taxpayer records with ICE — and the government takes the parallel citizenship case to the Supreme Court
The D.C. Circuit ruled unanimously today that the IRS-ICE data-sharing program violates the post-Watergate taxpayer confidentiality law. More than 90% of shared records had invalid addresses like “Unknown Address” or “NA NA.” Separately, the government asked the Supreme Court today to intervene in the case involving the expanded SAVE system, designed to verify citizenship on voter rolls before November’s elections.
WASHINGTON — On Tuesday, September 8, 2026, the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit issued a unanimous ruling blocking the program through which the Internal Revenue Service had been sharing taxpayer information with Immigration and Customs Enforcement. The court found that challengers were likely to succeed in showing the program violated federal tax confidentiality law.
It is the second judicial blow in days against the Trump administration’s attempts to use federal databases for immigration enforcement and electoral verification.
What the IRS already did — and how it did it. The program grew from a 2025 agreement between the IRS and ICE. The immigration agency requested address information on approximately 1.28 million people it described as subjects of criminal investigations for failing to comply with final deportation orders. The IRS developed a “Data-Exchange Procedure” to process those requests and ultimately shared more than 47,000 taxpayer records with ICE.
The court identified the technical — and legal — problems with that process. More than 90% of the records shared with ICE were generated through a tax identification number matching process that did not verify whether a valid address was on file. In other words: the IRS shared taxpayer data with addresses that read “Unknown Address,” “Failed to Provide” or “NA NA” — precisely the opposite of what Section 6103 of the Internal Revenue Code requires, which demands the requesting agency provide the taxpayer’s name and address before obtaining their tax information.
Government attorneys acknowledged during oral arguments that some disclosures occurred “not in compliance with the statute.”
Judge Cornelia Pillard wrote for the panel: “The Data-Exchange Procedure indisputably contravenes the requirements of Section 6103.”
The Center for Taxpayer Rights, which brought the case, said there are now approximately 43,000 taxpayers whose data was illegally shared with ICE who must be notified so they can seek damages against the government.
Why the electoral context makes it bigger. The IRS ruling arrives the same day the Trump administration asked the Supreme Court to intervene in a separate — but related — case involving the expanded SAVE system.
SAVE — Systematic Alien Verification for Entitlements — was historically used to verify the immigration status of government benefit applicants. In 2025, following a Trump executive order, DHS expanded the system to allow states to conduct bulk queries using Social Security numbers, access additional Social Security Administration records and carry out large-scale citizenship verifications — with the explicit goal of purging voter rolls before November 2026’s midterm elections.
A coalition including the League of Women Voters challenged the expanded system. In June, a district judge blocked parts of it, concluding DHS lacked legal authority for those expansions. Last week, the D.C. Circuit refused the administration’s emergency request to stay that block. Today, the government went directly to the Supreme Court.
The appeals court had already flagged a concrete problem: some American citizens were incorrectly flagged as non-citizens because Social Security records had not been updated after their naturalization. Those people could be dropped from voter rolls or required to provide additional proof of citizenship to vote in November.
The surveillance architecture courts are slowing down. The two cases — IRS-ICE and SAVE-electoral — are part of a broader architecture the Trump administration has spent over a year building: crossing separate federal databases to identify undocumented immigrants and verify citizenship at a scale no previous administration had attempted. IRS data to locate deportable people. Social Security data to clean voter rolls. Medicaid data to identify undocumented beneficiaries. TSA data to alert ICE about flights.
Courts have blocked several of these attempts. But each block is only preliminary — the legal war continues, and the administration has already taken the SAVE case to the Supreme Court. With a 6-3 conservative majority, the ultimate outcome of that battle is far from predictable.
What is predictable: November arrives in two months. And the dispute over which data can be used to verify who gets to vote is now before the Supreme Court.
Um tribunal federal bloqueou o programa pelo qual o IRS já compartilhou ilegalmente 47.000 declarações fiscais com o ICE — e o governo leva o caso paralelo de cidadania ao Supremo
O Circuito do DC decidiu hoje por unanimidade que o programa IRS-ICE viola a lei de confidencialidade fiscal aprovada após o Watergate. Mais de 90% dos registros compartilhados tinham endereços inválidos como “Endereço Desconhecido” ou “NA NA.” Separadamente, o governo pediu hoje ao Supremo que intervenha no caso do sistema SAVE expandido, projetado para verificar cidadania nos cadastros eleitorais antes das eleições de novembro.
WASHINGTON — Na terça-feira, 8 de setembro de 2026, o Tribunal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia emitiu uma decisão unânime bloqueando o programa pelo qual o Serviço da Receita Federal (IRS) vinha compartilhando informações de contribuintes com o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE). O tribunal concluiu que os demandantes tinham alta probabilidade de provar que o programa violava a lei federal de confidencialidade fiscal.
É o segundo golpe judicial em poucos dias contra as tentativas da administração Trump de usar bancos de dados federais para o controle migratório e a verificação eleitoral.
O que o IRS já fez — e como fez. O programa nasceu de um acordo firmado em 2025 entre o IRS e o ICE. A agência de imigração solicitou informações de endereço de aproximadamente 1,28 milhão de pessoas que descreveu como sujeitos de investigações criminais por descumprir ordens finais de deportação. O IRS desenvolveu um “Procedimento de Intercâmbio de Dados” para processar esses pedidos e acabou compartilhando mais de 47.000 declarações fiscais com o ICE.
O tribunal identificou os problemas técnicos — e legais — com esse processo. Mais de 90% dos registros compartilhados com o ICE foram gerados por um processo de correspondência de números de identificação fiscal que não verificou se havia um endereço válido registrado. Ou seja: o IRS compartilhou dados de contribuintes com endereços que diziam “Endereço Desconhecido”, “Não Forneceu” ou “NA NA” — exatamente o contrário do que exige a Seção 6103 do Código da Receita Federal, que exige que a agência que solicita as informações forneça o nome e o endereço do contribuinte antes de obter seus dados fiscais.
Os advogados do governo reconheceram durante os argumentos orais que algumas divulgações ocorreram “sem cumprir o estatuto.”
A juíza Cornelia Pillard escreveu para o painel: “O Procedimento de Intercâmbio de Dados contradiz indiscutivelmente os requisitos da Seção 6103.”
O Centro pelos Direitos dos Contribuintes, que moveu a ação, disse que há agora aproximadamente 43.000 contribuintes cujos dados foram ilegalmente compartilhados com o ICE e que devem ser notificados para que possam reivindicar indenizações do governo.
Por que o contexto eleitoral o torna maior. A decisão do IRS chega no mesmo dia em que a administração Trump pediu ao Supremo Tribunal que intervenha num caso separado — mas relacionado — sobre o sistema SAVE expandido.
O SAVE — Systematic Alien Verification for Entitlements — era historicamente usado para verificar o status migratório de solicitantes de benefícios governamentais. Em 2025, seguindo uma ordem executiva de Trump, o DHS expandiu o sistema para permitir aos estados consultas em massa usando números de Previdência Social, acesso a registros adicionais da Administração da Previdência Social e verificações de cidadania em grande escala — com o objetivo explícito de depurar os cadastros eleitorais antes das eleições de meio de mandato de novembro de 2026.
Uma coalizão que inclui a Liga das Mulheres Eleitoras contestou o sistema expandido. Em junho, um juiz de primeira instância bloqueou partes dele, concluindo que o DHS carecia de autoridade legal para essas expansões. Na semana passada, o DC Circuit recusou o pedido de emergência da administração para suspender esse bloqueio. Hoje, o governo foi diretamente ao Supremo.
O tribunal de apelações já identificou um problema concreto: alguns cidadãos americanos foram marcados incorretamente como não cidadãos porque os registros da Previdência Social não haviam sido atualizados após a naturalização. Essas pessoas poderiam ser removidas dos cadastros eleitorais ou precisar apresentar provas adicionais de cidadania para votar em novembro.
A arquitetura de vigilância que os tribunais estão freando. Os dois casos — IRS-ICE e SAVE-eleitoral — fazem parte de uma arquitetura mais ampla que a administração Trump passa mais de um ano construindo: cruzar bancos de dados federais separados para identificar imigrantes indocumentados e verificar cidadania numa escala que nenhuma administração anterior havia tentado. Dados do IRS para localizar deportáveis. Dados da Previdência Social para limpar cadastros eleitorais. Dados do Medicaid para identificar beneficiários indocumentados. Dados da TSA para alertar o ICE sobre voos.
Os tribunais bloquearam várias dessas tentativas. Mas cada bloqueio é apenas preliminar — a guerra legal continua, e a administração já levou o caso SAVE ao Supremo. Com uma maioria conservadora de 6 a 3, o desfecho final dessa batalha está longe de ser previsível.
O que é previsível: novembro chega em dois meses. E a disputa sobre quais dados podem ser usados para verificar quem pode votar está agora diante do Supremo Tribunal.
