El propio inspector general del DHS lo confirmó: en Alligator Alcatraz encerraban a inmigrantes en jaulas del tamaño de una cabina telefónica y las llamaban “zonas de calma”
El informe publicado el 14 de septiembre por la OIG del DHS documenta que entre julio de 2025 y enero de 2026, al menos 79 personas fueron confinadas en pequeños recintos metálicos de 1,67 metros cuadrados con cerrojo, dentro del centro de Florida que DeSantis presentó como símbolo de su política migratoria. Las jaulas se usaron al menos una vez como medida disciplinaria. Sin agua potable. Sin ventilación. Seis categorías de violaciones federales. El centro cerró en junio. El informe llega ahora.
OCHOPEE / EVERGLADES, FLORIDA — El 14 de septiembre de 2026, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe sobre el centro de detención de inmigrantes en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee, Florida — el que el propio gobernador Ron DeSantis bautizó como su proyecto estrella de política migratoria y que los medios y los detenidos convirtieron en el nombre que se le quedó: Alligator Alcatraz.
El centro cerró en junio de 2026, cuatro meses después de que el informe del inspector general realizara su inspección sorpresa de enero. Lo que ese informe documenta es lo que ocurrió entre julio de 2025 y enero de 2026 dentro de ese campo rodeado de caimanes en los Everglades, a unos 60 kilómetros de Miami, que llegó a costar 1,2 millones de dólares al día al gobierno del estado de Florida.
Las jaulas. El hallazgo central del informe — el que motivó la cobertura global del 14 de septiembre — son las estructuras metálicas. Los inspectores de la OIG encontraron pequeños recintos de metal con cierre con llave, de aproximadamente 1,30 metros de largo por 1,30 metros de ancho y 2,36 metros de alto — el espacio equivalente a una cabina telefónica, con algo más de altura. Las fotografías incluidas en el informe, obtenidas durante la visita sorpresa del 18 de enero, muestran las estructuras dentro de las Unidades de Gestión Especial y en las áreas recreativas al aire libre.
El personal del centro describió estos recintos a los inspectores como “áreas de calma” — espacios diseñados para que los detenidos “se tranquilizaran y tuvieran tiempo a solas.” Pero los registros revisados por la OIG cuentan otra historia: entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, al menos 79 inmigrantes fueron colocados en esas estructuras. Los períodos de confinamiento variaron desde unos minutos hasta casi dos horas. Y al menos en una ocasión, el confinamiento en la jaula fue utilizado como medida disciplinaria — no como zona de calma.
“El uso de estos pequeños recintos metálicos por cualquier motivo no tiene precedentes entre los centros de detención que la Oficina del Inspector General ha inspeccionado y representa riesgos significativos para la salud y la seguridad de los detenidos”, escribieron los inspectores. “El uso de estos espacios tan restrictivos contraviene las normas de trato humano, las cuales exigen mantener a los internos en el entorno menos restrictivo posible.”
Las otras violaciones. Las jaulas son el elemento más visible del informe, pero no el único. La OIG identificó violaciones de los estándares federales en seis categorías: higiene personal, servicio de alimentación, seguridad de los internos, acceso a atención médica, condiciones de alojamiento y control de plagas.
Los detenidos dijeron a los inspectores que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que usaban para hidratarse. Los legisladores demócratas que visitaron el centro en julio de 2025 — entre ellos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez — describieron haber visto a cientos de inmigrantes confinados en jaulas bajo un calor sofocante, con infestaciones de insectos y raciones de comida escasas. La OIG confirmó las infestaciones de plagas e insectos en las duchas. Confirmó las deficiencias en atención médica. Y confirmó que los detenidos pasaban la mayor parte del día en celdas sin ventanas, en condiciones de hacinamiento.
La arquitectura del engaño institucional. Lo que hace al informe especialmente perturbador no es solo lo que encontraron — es lo que el gobierno dijo públicamente. El DHS defendió en numerosas ocasiones a Alligator Alcatraz argumentando que ofrecía “estándares de detención más elevados que muchas prisiones estadounidenses.” Funcionarios del ICE dijeron eso, con esas palabras, mientras los inspectores de la propia OIG del DHS estaban documentando las jaulas, la falta de agua potable, las plagas y las seis categorías de violaciones federales.
El informe también reveló una ambigüedad institucional que el DHS nunca aclaró públicamente: cuando los inspectores preguntaron qué estándares de detención federal aplicaba el centro, el DHS les respondió que Florida — y no el gobierno federal — tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas. No estaba claro, según el propio informe, bajo qué marco legal operaba el centro.
El centro cerró. El informe llegó después. Alligator Alcatraz cerró en junio de 2026 en medio de disputas legales y controversias sobre sus costos. El estado de Florida gastó 1,2 millones de dólares al día en operarlo. El informe del inspector general — cuya visita de inspección fue en enero — se publica en septiembre, tres meses después del cierre.
Lo que el informe documenta ya no puede cambiar el pasado de las personas que estuvieron en esas jaulas. Pero sí cambia el registro oficial de lo que ocurrió en el centro que DeSantis presentó como modelo. Las fotografías están en el informe. Las jaulas eran reales.
The DHS’s own inspector general confirmed it: Alligator Alcatraz locked immigrants in phone-booth-sized metal cages and called them “calm-down areas”
The report published September 14 by the DHS OIG documents that between July 2025 and January 2026, at least 79 people were confined in small 18-square-foot lockable metal enclosures inside the Florida facility DeSantis presented as a symbol of his immigration policy. The cages were used at least once as a disciplinary measure. No clean drinking water. No ventilation. Six categories of federal violations. The facility closed in June. The report arrives now.
OCHOPEE / EVERGLADES, FLORIDA — On September 14, 2026, the Department of Homeland Security’s Office of Inspector General published a report on the immigrant detention facility at the Dade-Collier Training and Transition Airport in Ochopee, Florida — the one Governor Ron DeSantis presented as his signature immigration policy project and that the media and detainees alike had already named: Alligator Alcatraz.
The facility closed in June 2026, four months after the inspector general’s unannounced January inspection. What that report documents is what happened between July 2025 and January 2026 inside that alligator-surrounded camp in the Everglades, about 37 miles from Miami, that cost Florida’s state government $1.2 million per day to operate.
The cages. The central finding of the report — the one that drove global coverage on September 14 — is the metal structures. OIG inspectors found small lockable metal enclosures, approximately 4.3 feet long by 4.3 feet wide and 7.75 feet high — the floor space of a phone booth, with somewhat more height. Photographs included in the report, taken during the January 18 unannounced visit, show the structures inside Special Management Units and in outdoor recreational areas.
Facility staff described these enclosures to inspectors as “calm-down areas” — spaces designed to let detainees “calm themselves and have time alone.” But records reviewed by the OIG tell a different story: between July 17, 2025 and January 18, 2026, at least 79 immigrants were placed in these structures. Confinement periods ranged from a few minutes to nearly two hours. And at least once, confinement in the cage was used as a disciplinary measure — not as a calm-down zone.
“The use of these small metal enclosures for any reason is unprecedented among the detention facilities OIG has inspected and represents significant risks to the health and safety of detainees,” the inspectors wrote. “The use of these highly restrictive spaces is contrary to standards of humane treatment, which require that individuals be held in the least restrictive environment possible.”
The other violations. The cages are the most visible element of the report, but not the only one. The OIG identified violations of federal standards in six categories: personal hygiene, food service, detainee safety, access to medical care, living conditions and pest control.
Detainees told inspectors they had no access to clean drinking water and couldn’t wash the plastic cups they used for hydration. Democratic lawmakers who visited the facility in July 2025 — including Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez — described seeing hundreds of immigrants confined in cages under sweltering heat, with insect infestations and meager food rations. The OIG confirmed the pest and insect infestations in shower areas. It confirmed the medical care deficiencies. And it confirmed that detainees spent most of their days in windowless cells in overcrowded conditions.
The architecture of institutional deception. What makes the report especially disturbing is not just what they found — it’s what the government said publicly. DHS repeatedly defended Alligator Alcatraz by claiming it offered “higher detention standards than many American prisons.” ICE officials said that, in those words, while the DHS’s own OIG inspectors were documenting the cages, the lack of clean water, the pests and the six categories of federal violations.
The report also revealed an institutional ambiguity DHS never publicly clarified: when inspectors asked which federal detention standards the facility applied, DHS told them that Florida — not the federal government — had authority over day-to-day operations. It was unclear, according to the report itself, under what legal framework the facility operated.
The facility closed. The report came after. Alligator Alcatraz closed in June 2026 amid legal disputes and cost controversies. Florida spent $1.2 million per day to run it. The inspector general’s report — whose inspection visit was in January — is published in September, three months after closure.
What the report documents can no longer change the past for the people who were in those cages. But it does change the official record of what happened in the facility DeSantis presented as a model. The photographs are in the report. The cages were real.
O próprio inspetor-geral do DHS confirmou: em Alligator Alcatraz trancavam imigrantes em jaulas do tamanho de cabines telefônicas e as chamavam de “zonas de calma”
O relatório publicado em 14 de setembro pela OIG do DHS documenta que entre julho de 2025 e janeiro de 2026, pelo menos 79 pessoas foram confinadas em pequenos recintos metálicos com fechadura de 1,67 metros quadrados dentro do centro da Flórida que DeSantis apresentou como símbolo de sua política migratória. As jaulas foram usadas ao menos uma vez como medida disciplinar. Sem água potável limpa. Sem ventilação. Seis categorias de violações federais. O centro fechou em junho. O relatório chega agora.
OCHOPEE / EVERGLADES, FLÓRIDA — Em 14 de setembro de 2026, o Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Segurança Interna publicou um relatório sobre o centro de detenção de imigrantes no Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, em Ochopee, Flórida — aquele que o governador Ron DeSantis apresentou como seu projeto-símbolo de política migratória e que a mídia e os detenidos converteram no nome que ficou: Alligator Alcatraz.
O centro fechou em junho de 2026, quatro meses depois de a inspeção surpresa do inspetor-geral ser realizada em janeiro. O que esse relatório documenta é o que aconteceu entre julho de 2025 e janeiro de 2026 dentro daquele campo cercado de jacarés nos Everglades, a cerca de 60 quilômetros de Miami, que chegou a custar US$ 1,2 milhão por dia ao governo do estado da Flórida.
As jaulas. O achado central do relatório — o que motivou a cobertura global de 14 de setembro — são as estruturas metálicas. Os inspetores da OIG encontraram pequenos recintos de metal com fechadura, de aproximadamente 1,30 metro de comprimento por 1,30 metro de largura e 2,36 metros de altura — o espaço equivalente a uma cabine telefônica, com um pouco mais de altura. As fotografias incluídas no relatório, obtidas durante a visita surpresa de 18 de janeiro, mostram as estruturas dentro das Unidades de Gestão Especial e nas áreas recreativas ao ar livre.
O pessoal do centro descreveu esses recintos aos inspetores como “áreas de calma” — espaços projetados para que os detenidos “se acalmassem e tivessem tempo sozinhos.” Mas os registros revisados pela OIG contam outra história: entre 17 de julho de 2025 e 18 de janeiro de 2026, pelo menos 79 imigrantes foram colocados nessas estruturas. Os períodos de confinamento variaram de alguns minutos a quase duas horas. E ao menos uma vez, o confinamento na jaula foi usado como medida disciplinar — não como zona de calma.
“O uso desses pequenos recintos metálicos por qualquer motivo não tem precedente entre os centros de detenção que o Escritório do Inspetor-Geral já inspecionou e representa riscos significativos para a saúde e a segurança dos detenidos”, escreveram os inspetores. “O uso desses espaços tão restritivos contraria as normas de tratamento humano, que exigem que os internos sejam mantidos no ambiente menos restritivo possível.”
As outras violações. As jaulas são o elemento mais visível do relatório, mas não o único. A OIG identificou violações dos padrões federais em seis categorias: higiene pessoal, serviço de alimentação, segurança dos internos, acesso a atendimento médico, condições de alojamento e controle de pragas.
Os detenidos disseram aos inspetores que não tinham acesso a água potável limpa e que não podiam lavar os copos plásticos que usavam para se hidratar. Legisladores democratas que visitaram o centro em julho de 2025 — incluindo a congressista Alexandria Ocasio-Cortez — descreveram ter visto centenas de imigrantes confinados em jaulas sob calor sufocante, com infestações de insetos e rações de comida escassas. A OIG confirmou as infestações de pragas e insetos nos chuveiros. Confirmou as deficiências no atendimento médico. E confirmou que os detenidos passavam a maior parte do dia em celas sem janelas, em condições de superlotação.
A arquitetura do engano institucional. O que torna o relatório especialmente perturbador não é apenas o que encontraram — é o que o governo disse publicamente. O DHS defendeu repetidamente o Alligator Alcatraz argumentando que oferecia “padrões de detenção mais elevados do que muitas prisões americanas.” Funcionários do ICE disseram isso, com essas palavras, enquanto os próprios inspetores da OIG do DHS documentavam as jaulas, a falta de água potável, as pragas e as seis categorias de violações federais.
O relatório também revelou uma ambiguidade institucional que o DHS nunca esclareceu publicamente: quando os inspetores perguntaram quais padrões federais de detenção o centro aplicava, o DHS respondeu que a Flórida — e não o governo federal — tinha autoridade sobre as operações cotidianas. Não estava claro, segundo o próprio relatório, sob qual marco legal o centro operava.
O centro fechou. O relatório chegou depois. O Alligator Alcatraz fechou em junho de 2026 em meio a disputas legais e controvérsias sobre seus custos. O estado da Flórida gastou US$ 1,2 milhão por dia para operá-lo. O relatório do inspetor-geral — cuja visita de inspeção foi em janeiro — é publicado em setembro, três meses após o fechamento.
O que o relatório documenta não pode mais mudar o passado das pessoas que estiveram nessas jaulas. Mas muda o registro oficial do que aconteceu no centro que DeSantis apresentou como modelo. As fotografias estão no relatório. As jaulas eram reais.
