El DHS contrata cazarrecompensas para fotografiar las casas de los deportados en Guatemala, Honduras y El Salvador — y ahora quiere cobrarles multas de millones de dólares
El gobierno de Trump no se queda en la frontera. Contratistas privados con hasta 280 millones de dólares en contratos rastrean a más de un millón de inmigrantes dentro de EE.UU. usando IA, drones y bases de datos comerciales. Y la historia acaba de dar un giro nuevo: el DHS envía cazarrecompensas al extranjero para verificar dónde viven los ya deportados, y el CBP quiere cobrarles 423 millones en multas a 66.000 personas que ya no están en el país.
WASHINGTON — La cacería migratoria de la administración Trump no termina en la frontera. Ni termina cuando alguien es deportado. Según una investigación publicada esta semana por Wired y confirmada por documentos de contratación gubernamental revisados por The Intercept, The Independent y el American Immigration Council, el Departamento de Seguridad Nacional ha construido un sistema de vigilancia privada de dos niveles que opera tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Dentro del país, el ICE ha adjudicado contratos por hasta 280 millones de dólares a empresas privadas de rastreo — los llamados skip tracers — para localizar a más de un millón de inmigrantes. Fuera del país, el DHS está enviando contratistas a Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países de destino para fotografiar las casas donde viven los deportados y verificar que realmente se encuentran allí.
Cómo funciona el sistema dentro de EE.UU. Los documentos de contratación del ICE obtenidos por The Intercept describen un sistema de “skip tracing” a escala masiva. La agencia tiene un “docket” — un registro — de 1,5 millones de direcciones de inmigrantes. A cada empresa contratada se le asignan lotes de 50.000 direcciones a la vez, con asignaciones adicionales en “incrementos de 10.000 hasta 1.000.000.” Los contratistas deben proporcionar “fotografías con marca de tiempo del lugar” y pueden usar tecnología de vigilancia para “investigación de localización mejorada, que implica rastreo en tiempo real automatizado y manual.”
El sistema mezcla herramientas propias de cazarrecompensas, investigadores privados, agentes de recuperación de deudas y agentes de fianzas con tecnología de inteligencia artificial, bases de datos comerciales y vigilancia física. Los contratistas cobran por resultado: el ICE está explorando una estructura de “precios basados en incentivos” que incluiría “bonos monetarios” por rendimiento excepcional, como encontrar la dirección correcta de una persona en el primer intento.
Según el American Immigration Council, el resultado es “un sistema masivo de vigilancia asistido por IA que apunta a más de un millón de inmigrantes en Estados Unidos.” Congresistas demócratas, encabezados por Raja Krishnamoorthi, han presentado el proyecto de ley No Private Bounty Hunters for Immigration Enforcement Act para prohibir que el DHS contrate entidades privadas para vigilancia y rastreo con fines migratorios. La ACLU respalda la ley.
El giro internacional: cazarrecompensas en el extranjero. El detalle más perturbador — y el que el artículo de Wired pone en el centro — es la extensión del sistema a otros países. Según los documentos, el DHS envía contratistas privados a los países de destino de las deportaciones para fotografiar los domicilios de las personas ya expulsadas y confirmar que están donde se supone que deben estar. La lógica aparente: verificar que las deportaciones se cumplieron efectivamente, localizar a quienes pudieran haber regresado, y construir evidencia de domicilio para procedimientos legales futuros.
En la práctica, eso significa que un contratista privado contratado por el gobierno de EE.UU. puede presentarse en una comunidad de Guatemala, Honduras o El Salvador a fotografiar la casa donde vive una familia que fue deportada. Sin aviso. Sin orden judicial guatemalteca, hondureña o salvadoreña. Operando en soberanía ajena.
El último capítulo: multas a los ya deportados. Como si el sistema no fuera ya suficientemente invasivo, esta misma semana surgió una historia paralela que lo amplía aún más. Según Daily Kos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca contratar cazarrecompensas para rastrear a 66.387 deportados que supuestamente deben 423 millones de dólares al gobierno de EE.UU. en multas. Estas multas no están vinculadas a ningún delito penal: se aplican automáticamente a cualquier persona que permaneciera en el país después de recibir una orden de deportación o después de firmar un acuerdo de salida voluntaria. El gobierno publicó una convocatoria de contratación el 1 de agosto, con plazo de respuesta el 5 de agosto, buscando empresas dispuestas a ir a México, Honduras, Guatemala y otros países a localizar a estas personas y cobrarles.
Lo que dicen los críticos. El congresista Krishnamoorthi advirtió el año pasado que el plan “subcontrataría uno de los poderes más coercitivos del gobierno a actores que operan con poca supervisión y limitada rendición de cuentas pública.” Añadió que “crea un aparato de aplicación que funciona más allá del alcance de los controles y equilibrios ordinarios.”
Los cazarrecompensas en Minnesota, uno de los primeros estados donde se documentó su presencia tras el fin de la Operación Metro Surge, fueron vistos actuando como equipos SWAT del ICE: sin uniforme, con armas a la vista, intentando detenciones en ropa civil. Una guía legal del Estado de Minnesota advierte que los cazarrecompensas no están obligados a mostrar su identificación, pueden disfrazarse y pueden incluso hacerse pasar por otras personas.
La diferencia entre un agente del ICE y un cazarrecompensas privado ya no es visible a simple vista. Y según los documentos de contratación, esa diferencia tampoco importa mucho: ambos trabajan para el mismo gobierno, ambos reciben pago por resultado, y ambos pueden presentarse en la puerta de tu casa — ya sea en Newark, en Tegucigalpa o en Guayaquil.
DHS is hiring bounty hunters to photograph deported people’s homes abroad — and now wants to bill them millions in fines
The Trump government doesn’t stop at the border. Private contractors with up to $280 million in contracts track over a million immigrants inside the U.S. using AI, drones and commercial databases. And the story just took a new turn: DHS is sending bounty hunters abroad to verify where deported people live, while CBP wants to collect $423 million in fines from 66,000 people who are no longer even in the country.
WASHINGTON — The Trump administration’s immigration crackdown doesn’t end at the border. It doesn’t end when someone is deported, either. According to reporting published this week by Wired and confirmed by government procurement documents reviewed by The Intercept, The Independent and the American Immigration Council, the Department of Homeland Security has built a two-tiered private surveillance system that operates both inside and outside the United States.
Inside the country, ICE has awarded contracts worth up to $280 million to private tracking firms — known as skip tracers — to locate more than a million immigrants. Outside the country, DHS is sending contractors to Guatemala, Honduras, El Salvador and other deportation destination countries to photograph the homes where deported people live and verify they are actually there.
How the domestic system works. ICE procurement documents obtained by The Intercept describe a skip-tracing operation at massive scale. The agency has a “docket” of 1.5 million immigrant addresses. Each contracted company is assigned batches of 50,000 addresses at a time, with additional assignments “in increments of 10,000 up to 1,000,000.” Contractors must provide “time-stamped photographs of the location” and may use surveillance technology for “enhanced location research, which entails automated and manual real-time skip tracing.”
The system blends tools from bounty hunters, private investigators, debt collectors and bail bondsmen with AI technology, commercial databases and physical surveillance. Contractors are paid by results: ICE is exploring an “incentive-based pricing structure” that would include “monetary bonuses” for exceptional performance, such as finding a person’s correct address on the first try.
According to the American Immigration Council, the result is “a massive AI-assisted surveillance system targeting more than 1 million immigrants in the United States.” Democratic lawmakers led by Raja Krishnamoorthi have introduced the No Private Bounty Hunters for Immigration Enforcement Act to prohibit DHS from contracting private entities for immigration surveillance and tracking. The ACLU endorses the bill.
The international twist: bounty hunters abroad. The most disturbing element — and the one at the center of Wired’s reporting — is the system’s extension to other countries. According to the documents, DHS is sending private contractors to deportation destination countries to photograph the homes of already-deported individuals and confirm they are where they are supposed to be. The apparent logic: verify that deportations were actually carried out, locate anyone who may have returned, and build residence evidence for future legal proceedings.
In practice, that means a private contractor hired by the U.S. government can show up in a Guatemalan, Honduran or Salvadoran community to photograph the home of a family that was deported. With no warning. With no Guatemalan, Honduran or Salvadoran court order. Operating in a foreign country’s sovereign territory.
The latest chapter: fining the already-deported. As if the system weren’t invasive enough already, a parallel story emerged this week that expands it further. According to reporting by Daily Kos, the Customs and Border Protection agency is seeking to hire bounty hunters to track down 66,387 deportees who allegedly owe $423 million to the U.S. government in civil fines. These fines are not attached to any criminal offense: they apply automatically to anyone who remained in the country after receiving a deportation order or after signing a voluntary departure agreement. The government posted a contracting solicitation on August 1, with a response deadline of August 5, seeking companies willing to travel to Mexico, Honduras, Guatemala and other countries to locate these individuals and collect from them.
What critics say. Congressman Krishnamoorthi warned last year that the plan “outsources one of the government’s most coercive powers to actors who operate with little oversight and limited public accountability,” creating “an enforcement apparatus that functions beyond the reach of ordinary checks and balances.”
Bounty hunters in Minnesota — one of the first states where their presence was documented after Operation Metro Surge ended — were seen operating like ICE SWAT teams: in civilian clothes, weapons visible, attempting detentions without identification. A Minnesota legal aid guide warns that bounty hunters are not required to show ID, can disguise themselves, and can even misrepresent their identity.
The difference between an ICE agent and a private bounty hunter is no longer visible to the naked eye. And according to the contracting documents, it doesn’t matter much anyway: both work for the same government, both get paid by results, and both can show up at your door — whether that door is in Newark, Tegucigalpa, or Guayaquil.
O DHS contrata caçadores de recompensas para fotografar as casas de deportados no exterior — e agora quer cobrar multas milionárias deles
O governo Trump não para na fronteira. Contratados privados com até US$ 280 milhões em contratos rastreiam mais de um milhão de imigrantes dentro dos EUA usando IA, drones e bancos de dados comerciais. E a história acaba de ganhar um novo capítulo: o DHS envia caçadores de recompensas ao exterior para verificar onde moram os deportados, enquanto o CBP quer cobrar US$ 423 milhões em multas de 66.000 pessoas que nem estão mais no país.
WASHINGTON — A caçada migratória da administração Trump não termina na fronteira. Nem termina quando alguém é deportado. Segundo uma investigação publicada esta semana pela Wired e confirmada por documentos de contratação governamental revisados por The Intercept, The Independent e o American Immigration Council, o Departamento de Segurança Interna construiu um sistema de vigilância privada em dois níveis que opera tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos.
Dentro do país, o ICE adjudicou contratos de até US$ 280 milhões a empresas privadas de rastreamento — os chamados skip tracers — para localizar mais de um milhão de imigrantes. Fora do país, o DHS está enviando contratados à Guatemala, Honduras, El Salvador e outros países de destino das deportações para fotografar as casas onde vivem os deportados e verificar que estão realmente lá.
Como funciona o sistema doméstico. Os documentos de contratação do ICE obtidos pelo The Intercept descrevem um sistema de skip tracing em escala massiva. A agência tem um “docket” — um cadastro — de 1,5 milhão de endereços de imigrantes. Cada empresa contratada recebe lotes de 50.000 endereços por vez, com atribuições adicionais “em incrementos de 10.000 até 1.000.000.” Os contratados devem fornecer “fotografias com registro de data e hora do local” e podem usar tecnologia de vigilância para “pesquisa de localização aprimorada, que inclui rastreamento em tempo real automatizado e manual.”
O sistema mistura ferramentas de caçadores de recompensas, investigadores privados, cobradores de dívidas e agentes de fiança com tecnologia de inteligência artificial, bancos de dados comerciais e vigilância física. Os contratados recebem por resultado: o ICE estuda uma estrutura de “preços baseados em incentivos” que incluiria “bônus monetários” por desempenho excepcional, como encontrar o endereço correto de uma pessoa na primeira tentativa.
Segundo o American Immigration Council, o resultado é “um sistema massivo de vigilância assistido por IA que mira mais de um milhão de imigrantes nos Estados Unidos.” Congressistas democratas liderados por Raja Krishnamoorthi apresentaram o projeto de lei No Private Bounty Hunters for Immigration Enforcement Act para proibir o DHS de contratar entidades privadas para vigilância e rastreamento com fins migratórios. A ACLU apoia o projeto.
A virada internacional: caçadores de recompensas no exterior. O detalhe mais perturbador — e o que o artigo da Wired coloca no centro — é a extensão do sistema a outros países. Segundo os documentos, o DHS envia contratados privados aos países de destino das deportações para fotografar os domicílios de pessoas já expulsas e confirmar que estão onde deveriam estar. A lógica aparente: verificar que as deportações foram efetivamente cumpridas, localizar quem possa ter retornado, e construir evidências de domicílio para procedimentos legais futuros.
Na prática, isso significa que um contratado privado contratado pelo governo dos EUA pode aparecer numa comunidade da Guatemala, Honduras ou El Salvador para fotografar a casa de uma família que foi deportada. Sem aviso. Sem ordem judicial guatemalteca, hondurenha ou salvadorenha. Operando em soberania alheia.
O último capítulo: multas para os já deportados. Como se o sistema já não fosse suficientemente invasivo, esta semana surgiu uma história paralela que o amplifica ainda mais. Segundo o Daily Kos, o Escritório de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP) busca contratar caçadores de recompensas para rastrear 66.387 deportados que supostamente devem US$ 423 milhões ao governo dos EUA em multas civis. Essas multas não estão vinculadas a nenhum delito criminal: aplicam-se automaticamente a qualquer pessoa que permaneceu no país após receber uma ordem de deportação ou após assinar um acordo de saída voluntária. O governo publicou uma convocatória de contratação em 1.º de agosto, com prazo de resposta em 5 de agosto, buscando empresas dispostas a ir ao México, Honduras, Guatemala e outros países para localizar essas pessoas e cobrar delas.
O que dizem os críticos. O congressista Krishnamoorthi advertiu no ano passado que o plano “terceirizaria um dos poderes mais coercitivos do governo a atores que operam com pouca supervisão e limitada responsabilidade pública,” criando “um aparato de aplicação que funciona além do alcance dos controles e equilíbrios ordinários.”
Os caçadores de recompensas em Minnesota — um dos primeiros estados onde sua presença foi documentada após o fim da Operação Metro Surge — foram vistos atuando como equipes SWAT do ICE: à paisana, com armas à vista, tentando detenções sem identificação. Um guia jurídico do Estado de Minnesota adverte que os caçadores de recompensas não são obrigados a mostrar identificação, podem se disfarçar e podem inclusive se passar por outras pessoas.
A diferença entre um agente do ICE e um caçador de recompensas privado já não é visível a olho nu. E segundo os documentos de contratação, essa diferença também não importa muito: ambos trabalham para o mesmo governo, ambos recebem pagamento por resultado, e ambos podem aparecer na sua porta — seja em Newark, em Tegucigalpa ou em Guayaquil.
