Rubio ya deportó a un colombiano por criticar al candidato favorito de Trump — y la ley que usa puede afectar a cualquier inmigrante latino que haga política desde EE.UU.
El Secretario de Estado firmó memos personales para deportar a estudiantes propalestinos, a un activista colombiano que apoyaba a Petro, y a un cubano acusado de agente comunista. La herramienta legal es una ley de 1952 que permite expulsar a cualquier no ciudadano cuya presencia dañe “los intereses de política exterior” del país. Sin cargos criminales. Sin juicio. Solo la firma de Rubio.
WASHINGTON — El 17 de junio de 2026, Franklin Humberto Coral Garrido — conocido como Beto Coral, activista colombiano residente en Phoenix — fue arrestado por agentes de inmigración. Ese mismo día, el Secretario de Estado Marco Rubio firmó un memo de dos páginas determinando que Coral era deportable de Estados Unidos. La razón: había publicado en redes sociales en apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro y criticado a Abelardo De La Espriella, el candidato presidencial de derecha respaldado por Trump.
No había cargos criminales. No había orden judicial. Solo la firma de Rubio y una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que permite deportar a cualquier no ciudadano cuya presencia en EE.UU. sea considerada perjudicial para la política exterior del país.
Coral había llegado a EE.UU. en 2015 con visa de turista y tenía una solicitud de asilo pendiente, junto con un permiso de trabajo emitido por un juez federal. Los agentes lo detuvieron de todos modos. Pasó más de un mes en un centro de detención del ICE. Según su propio testimonio recogido por Democracy Now, fue golpeado, privado de comida y agua, y mantenido en confinamiento solitario. Finalmente salió del país.
“El problema que tiene Marco Rubio y la administración Trump”, dijo Elizabeth Shaw, una de sus abogadas, “es que la opinión de Coral va en contra de lo que ellos apoyan.”
Una herramienta de la Guerra Fría, usada en 2025 y 2026. El mecanismo que usa Rubio no es nuevo — lo inventaron durante el macartismo — pero sí es su uso sistemático a esta escala. En la primavera de 2025, según documentos judiciales desclasificados, Rubio aprobó personalmente la deportación de cinco estudiantes activistas con visas y green cards válidos, basándose exclusivamente en su participación en protestas propalestinas en universidades americanas. El más conocido: Mahmoud Khalil, residente legal sirio y graduado de Columbia, cuya única “evidencia” de deportabilidad fue un memo de dos páginas de Rubio que no acusaba de ningún crimen.
En julio de 2026, Rubio usó el mismo mecanismo para ordenar la deportación de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un cubano con residencia legal, acusado de ser “agente de influencia comunista” por trabajar con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
El propio Rubio lo resumió en una frase que se hizo viral: “Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les quito la visa.”
Qué dice la ley — y qué dicen los juristas. La disposición legal que Rubio invoca es la Sección 237(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza la deportación de no ciudadanos cuando el Secretario de Estado determina que su presencia tiene “consecuencias potencialmente serias en política exterior.” No requiere condena penal. No requiere prueba más allá de la determinación del secretario. Solo requiere su firma.
Los juristas están divididos sobre si la aplicación actual de esa ley es constitucional. La senadora demócrata Elizabeth Warren y una coalición de legisladores enviaron una carta formal a Rubio en marzo de 2026 acusándolo de actuar de forma “inconstitucional” al usar esta herramienta para suprimir el discurso político. “Se estaba arriesgando a arrestar a estudiantes con green cards y visas válidos por sus opiniones políticas”, dice la carta.
La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) advirtió que la doctrina abre la puerta a una persecución sistemática de la disidencia: “No queremos un sistema en el que algunas personas puedan expresarse sobre temas públicos y otras no.”
Si el Tribunal Supremo avala la posición de Trump, Rubio tendría autoridad legal para deportar a cualquiera de los 13 millones de residentes permanentes legales del país basándose en lo que dicen, escriben o en qué protestas participan.
El caso cubano: una distinción importante. No todas las deportaciones por activismo político son iguales en su fundamento legal. El caso de Lloga Domínguez, el cubano, se apoya en acusaciones de espionaje y operaciones de influencia extranjera — un terreno jurídicamente más sólido y con más precedente histórico. El caso de Beto Coral, el colombiano que simplemente criticó a un candidato en redes sociales, y los estudiantes propalestinos sin antecedentes criminales, se sustentan en bases mucho más débiles: la mera opinión política expresada en suelo americano.
Esa distinción es la que los abogados de inmigración señalan como crucial: hay una diferencia legal relevante entre deportar a un agente documentado de un gobierno extranjero y deportar a alguien por apoyar en redes sociales a un presidente latinoamericano que no cae bien en Washington.
Qué significa esto para los latinoamericanos en EE.UU. La combinación de herramientas disponibles — la ley de política exterior de 1952, el sistema TSA-ICE de rastreo de pasajeros, los lectores de placas y el reconocimiento facial desplegados masivamente este año — configura un panorama inédito para cualquier no ciudadano que haga activismo político desde suelo americano.
El abogado Nicholas Espíritu, del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, advirtió: “Es preocupante que estén usando esto para intentar pisotear las protecciones de la Primera Enmienda.” La Primera Enmienda protege el discurso político. Pero esa protección, en la teoría legal que la administración Trump está impulsando, no aplica de la misma manera a los no ciudadanos cuando el Secretario de Estado determina que su discurso daña la política exterior americana.
La revocación de ciudadanía por naturalización — mencionada en versiones que circulan en redes sobre este tema — tiene un umbral legal mucho más alto y está sujeta a procesos judiciales separados. No se ha documentado ningún caso en el que Trump o Rubio hayan iniciado ese proceso por activismo político. Pero el resto del panorama — deportaciones por opinión política, arrestos sin cargos criminales, memos del Secretario de Estado como única “evidencia” — ya no es una posibilidad teórica. Ya ocurrió.
Rubio already deported a Colombian for criticizing Trump’s favorite candidate — and the law he uses could target any Latino immigrant who does politics from U.S. soil
The Secretary of State signed personal memos to deport pro-Palestinian students, a Colombian activist who supported Petro, and a Cuban accused of being a communist agent. The legal tool is a 1952 law that allows the expulsion of any non-citizen whose presence harms the country’s “foreign policy interests.” No criminal charges. No trial. Just Rubio’s signature.
WASHINGTON — On June 17, 2026, Franklin Humberto Coral Garrido — known as Beto Coral, a Colombian activist living in Phoenix — was arrested by immigration agents. That same day, Secretary of State Marco Rubio signed a two-page memo determining that Coral was deportable from the United States. The reason: he had posted on social media in support of Colombian President Gustavo Petro and criticized Abelardo De La Espriella, the right-wing presidential candidate backed by Trump.
No criminal charges. No court order. Just Rubio’s signature and a provision of the Immigration and Nationality Act of 1952 that allows the deportation of any non-citizen whose presence in the U.S. is deemed harmful to the country’s foreign policy.
Coral had arrived in the U.S. in 2015 on a tourist visa and had a pending asylum application, along with a work permit issued by a federal judge. Agents detained him anyway. He spent over a month in an ICE detention center. According to his own testimony collected by Democracy Now, he was beaten, denied food and water, and kept in solitary confinement. He eventually left the country.
“The problem that Marco Rubio and the Trump administration has,” said Elizabeth Shaw, one of his attorneys, “is that Coral’s opinion is against what they are in support of.”
A Cold War tool, used in 2025 and 2026. The mechanism Rubio uses is not new — it was invented during McCarthyism — but its systematic use at this scale is. In spring 2025, according to unsealed court documents, Rubio personally approved the deportation of five student activists with valid visas and green cards, based solely on their participation in pro-Palestinian protests at American universities. The most prominent case: Mahmoud Khalil, a Syrian legal resident and Columbia graduate, whose only “evidence” of deportability was a two-page Rubio memo that accused him of no crime.
In July 2026, Rubio used the same mechanism to order the deportation of Carlos Antonio Lloga Domínguez, a Cuban with legal residency, accused of being a “communist influence agent” for working with the Cuban Institute of Friendship with the Peoples.
Rubio himself summarized it in a line that went viral: “Every time I find one of these lunatics, I take away their visas.”
What the law says — and what lawyers say. The legal provision Rubio invokes is Section 237(a)(4)(C)(i) of the Immigration and Nationality Act, which authorizes the deportation of non-citizens when the Secretary of State determines that their presence has “potentially serious adverse foreign policy consequences.” It requires no criminal conviction. It requires no evidence beyond the secretary’s determination. It only requires his signature.
Legal experts are divided on whether the current application of this law is constitutional. Democratic Senator Elizabeth Warren and a coalition of legislators sent a formal letter to Rubio in March 2026 accusing him of acting “unconstitutionally” by using this tool to suppress political speech. “There was a broader pattern of arresting students with valid green cards and visas because of their political views,” the letter says.
The Foundation for Individual Rights and Expression warned that the doctrine opens the door to systematic persecution of dissent: “We don’t want a system where some people can speak out on public issues and others can’t.”
If the Supreme Court upholds Trump’s position, Rubio would have legal authority to deport any of the country’s 13 million legal permanent residents based on what they say, write or what protests they attend.
The Cuban case: an important distinction. Not all political activism deportations are equal in their legal basis. The case of Lloga Domínguez, the Cuban, rests on espionage accusations and foreign influence operations — legally firmer ground with more historical precedent. The case of Beto Coral, the Colombian who simply criticized a candidate on social media, and the pro-Palestinian students with no criminal records, rest on much weaker foundations: pure political opinion expressed on American soil.
That distinction is what immigration lawyers flag as crucial: there is a legally relevant difference between deporting a documented agent of a foreign government and deporting someone for supporting a Latin American president on social media because Washington doesn’t like him.
What this means for Latinos in the U.S. The combination of available tools — the 1952 foreign policy law, the TSA-ICE passenger tracking system, the license plate readers and facial recognition deployed massively this year — configures an unprecedented landscape for any non-citizen who engages in political activism on American soil.
Attorney Nicholas Espíritu of the National Immigration Law Center warned: “It’s troubling that they’re using it in this way to try to trample upon First Amendment protections.” The First Amendment protects political speech. But that protection, under the legal theory the Trump administration is advancing, does not apply in the same way to non-citizens when the Secretary of State determines their speech harms American foreign policy.
The revocation of citizenship by naturalization — mentioned in versions of this story circulating on social media — carries a much higher legal bar and is subject to separate judicial processes. No case has been documented in which Trump or Rubio initiated that process for political activism. But the rest of the landscape — deportations for political opinion, arrests without criminal charges, Secretary of State memos as the sole “evidence” — is no longer a theoretical possibility. It has already happened.
Rubio já deportou um colombiano por criticar o candidato favorito de Trump — e a lei que usa pode atingir qualquer imigrante latino que faça política a partir dos EUA
O Secretário de Estado assinou memorandos pessoais para deportar estudantes pró-palestinos, um ativista colombiano que apoiava Petro e um cubano acusado de ser agente comunista. A ferramenta jurídica é uma lei de 1952 que permite expulsar qualquer não cidadão cuja presença prejudique os “interesses de política externa” do país. Sem acusações criminais. Sem julgamento. Apenas a assinatura de Rubio.
WASHINGTON — Em 17 de junho de 2026, Franklin Humberto Coral Garrido — conhecido como Beto Coral, ativista colombiano residente em Phoenix — foi preso por agentes de imigração. Naquele mesmo dia, o Secretário de Estado Marco Rubio assinou um memorando de duas páginas determinando que Coral era deportável dos Estados Unidos. O motivo: ele havia postado nas redes sociais em apoio ao presidente colombiano Gustavo Petro e criticado Abelardo De La Espriella, o candidato presidencial de direita respaldado por Trump.
Sem acusações criminais. Sem ordem judicial. Apenas a assinatura de Rubio e uma disposição da Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952 que permite a deportação de qualquer não cidadão cuja presença nos EUA seja considerada prejudicial à política externa do país.
Coral havia chegado aos EUA em 2015 com visto de turista e tinha uma solicitação de asilo pendente, além de uma autorização de trabalho emitida por um juiz federal. Os agentes o detiveram mesmo assim. Passou mais de um mês em um centro de detenção do ICE. Segundo seu próprio depoimento recolhido pela Democracy Now, foi espancado, privado de comida e água, e mantido em confinamento solitário. Por fim, deixou o país.
“O problema que Marco Rubio e a administração Trump têm”, disse Elizabeth Shaw, uma de suas advogadas, “é que a opinião de Coral é contrária ao que eles apoiam.”
Uma ferramenta da Guerra Fria, usada em 2025 e 2026. O mecanismo que Rubio invoca não é novo — foi criado durante o macartismo — mas seu uso sistemático nessa escala é inédito. Na primavera de 2025, segundo documentos judiciais tornados públicos, Rubio aprovou pessoalmente a deportação de cinco estudantes ativistas com vistos e green cards válidos, com base exclusivamente em sua participação em protestos pró-palestinos em universidades americanas. O caso mais conhecido: Mahmoud Khalil, residente legal sírio e graduado da Columbia, cuja única “evidência” de deportabilidade foi um memorando de duas páginas de Rubio que não o acusava de nenhum crime.
Em julho de 2026, Rubio usou o mesmo mecanismo para ordenar a deportação de Carlos Antonio Lloga Domínguez, um cubano com residência legal, acusado de ser “agente de influência comunista” por trabalhar com o Instituto Cubano de Amizade com os Povos.
O próprio Rubio resumiu em uma frase que viralizou: “Toda vez que encontro um desses lunáticos, tiro o visto deles.”
O que diz a lei — e o que dizem os juristas. A disposição legal que Rubio invoca é a Seção 237(a)(4)(C)(i) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza a deportação de não cidadãos quando o Secretário de Estado determina que sua presença tem “consequências potencialmente sérias para a política externa.” Não exige condenação criminal. Não exige provas além da determinação do secretário. Exige apenas sua assinatura.
Os juristas estão divididos sobre se a aplicação atual dessa lei é constitucional. A senadora democrata Elizabeth Warren e uma coalizão de legisladores enviaram uma carta formal a Rubio em março de 2026 acusando-o de agir de forma “inconstitucional” ao usar essa ferramenta para suprimir o discurso político. “Havia um padrão mais amplo de prender estudantes com green cards e vistos válidos por causa de suas opiniões políticas”, diz a carta.
A Fundação para Direitos Individuais e Expressão alertou que a doutrina abre caminho para uma perseguição sistemática da dissidência: “Não queremos um sistema em que algumas pessoas possam se manifestar sobre questões públicas e outras não.”
Se o Supremo Tribunal validar a posição de Trump, Rubio teria autoridade legal para deportar qualquer um dos 13 milhões de residentes permanentes legais do país com base no que dizem, escrevem ou em quais protestos participam.
O caso cubano: uma distinção importante. Nem todas as deportações por ativismo político têm o mesmo fundamento jurídico. O caso de Lloga Domínguez, o cubano, se apoia em acusações de espionagem e operações de influência estrangeira — terreno juridicamente mais sólido e com mais precedente histórico. O caso de Beto Coral, o colombiano que simplesmente criticou um candidato nas redes sociais, e o dos estudantes pró-palestinos sem antecedentes criminais, se sustentam em bases muito mais frágeis: pura opinião política expressa em solo americano.
Essa distinção é o que os advogados de imigração apontam como crucial: há uma diferença juridicamente relevante entre deportar um agente documentado de um governo estrangeiro e deportar alguém por apoiar nas redes sociais um presidente latino-americano que Washington não aprecia.
O que isso significa para os latinos nos EUA. A combinação de ferramentas disponíveis — a lei de política externa de 1952, o sistema TSA-ICE de rastreamento de passageiros, os leitores de placas e o reconhecimento facial implantados massivamente neste ano — configura um panorama inédito para qualquer não cidadão que faça ativismo político em solo americano.
O advogado Nicholas Espíritu, do Centro Nacional de Direito de Imigração, alertou: “É preocupante que estejam usando isso para tentar pisar nas proteções da Primeira Emenda.” A Primeira Emenda protege o discurso político. Mas essa proteção, na teoria jurídica que a administração Trump está avançando, não se aplica da mesma forma aos não cidadãos quando o Secretário de Estado determina que seu discurso prejudica a política externa americana.
A revogação da cidadania por naturalização — mencionada em versões desse tema que circulam nas redes sociais — tem um limite legal muito mais alto e está sujeita a processos judiciais separados. Nenhum caso foi documentado em que Trump ou Rubio iniciaram esse processo por ativismo político. Mas o restante do panorama — deportações por opinião política, prisões sem acusações criminais, memorandos do Secretário de Estado como única “evidência” — já não é uma possibilidade teórica. Já aconteceu.
